Barcelona - La Abogacía del Estado pidió ayer que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona investigue a votantes del 1-O por presunto delito de resistencia o desobediencia grave, entre otros, al considerar que algunos manifestantes formaron una “masa tumultuaria” para impedir la acción policial. La Abogacía se adhiere con su escrito al recurso de apelación del Sindicato Profesional de Policía (SPP), que pidió investigar a votantes de algunos colegios barceloneses por presunto delito de resistencia pasiva grave, una petición que el juez desestimó y que está pendiente de que la Audiencia de Barcelona resuelva.

En concreto, la Fiscalía pide investigar a nueve personas del IES Pau Claris de Barcelona, quienes “eran plenamente conscientes de lo que hacían allí los agentes policiales e hicieron todo lo posible para no colaborar con ellos, obstaculizando gravemente el cumplimiento del mandato judicial”. Asimismo, rechaza los argumentos del juez, que se negó a investigarles porque consideró que los votantes no tenían ninguna orden expresa de no poder acudir a votar.

El Ministerio Público, que atribuye el conflicto y la confrontación exclusivamente a los responsables de las instituciones autonómicas, afirma que algunos votantes obstaculizaron la actuación policial, colocándose deliberadamente para impedirle el paso, profirieron insultos y gestos amenazantes, apoyándose “en la fuerza intimidatoria de la masa tumultuaria” y que se entrelazaban y agarraban con fuerza para no ser retirados. En la misma línea, constata “actitudes intimidatorias (gritos, insultos, gesticulación agresiva) apoyadas en la fuerza intimidatoria de la masa tumultuaria”.

Asimismo, la Abogacía rebate el argumento del juez instructor, que tuvo en cuenta que los votantes no tenían prohibido acudir a votar y además habían sido invitados a ello por el propio Govern de la Generalitat, el Parlamento de Catalunya y otras instituciones, “existiendo un evidente conflicto de pretendidas legitimidades”.

escraches a la Guardia Civil Varios guardias civiles declararon ante el tribunal que juzga el procés que sufrieron “hostigamiento”, “temor” y “tensión” en una multitud de escraches a los cuarteles y hoteles donde se alojaban los agentes antes y después del 1-O, si bien precisaron que no hubo riesgo de asalto, ni detenidos ni agresiones. Diez guardias civiles testificaron respecto a algunos de los 117 escraches que el Cuerpo contabilizó -en los que hubo hasta 2.000 personas situadas en primera línea de los cuarteles- contra sus agentes destinados en las cuatro provincias de Catalunya desde primeros de septiembre hasta la primera semana de noviembre.

Algunos agentes aclararon que se trataba de acciones “organizadas, estructuradas y orquestadas”, puesto que algunos de esos carteles los habían distribuido los partidos y asociaciones, como ocurrió en el escrache al acuartelamiento de Valls, Tarragona. En cambio, otros guardias destacaron un carácter más espontáneo, fruto de llamamientos ciudadanos en las redes sociales, hasta el punto de que más que protestas eran “performances”. No obstante, reconocieron que no hubo detenciones, agresiones ni riesgo de asalto.

Los guardias relataron episodios como los vividos el 2 de octubre, cuando un convoy pasó por delante del edificio con las luces puestas y haciendo sonar sus sirenas y cláxones. En ese momento, los ocupantes hicieron “gestos enseñando el dedo anular en forma de peineta, dándose en la cara como que éramos unos caraduras y con los pulgares hacia abajo” y profirieron gritos de “fascistas, hijos de puta y cobardes”.

Asimismo, ayer también declararon cuatro mossos. Tres de ellos, que junto a los dos agentes que testificaron el miércoles, resultaron heridos el 20-S en un registro de Sabadell, Barcelona, donde recibieron patadas, puñetazos y golpes con cascos. Además, una mosso que negó enviar un whatsapp animando a la gente a participar en los escraches, pese a reconocer como suyo el número de teléfono desde el que se mandó ese mensaje. - Efe/E.P.

denunciados solo 6 de 70 alcaldes

“Participación activa”. La investigación que la Fiscalía abrió a más de 70 alcaldes catalanes en vísperas del 1-O se ha limitado a seis denuncias contra regidores que tuvieron una “participación activa” en la organización del referéndum, más allá de la mera “adhesión política”, explicó ayer el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres. La investigación comenzó por una instrucción que, en vísperas del referéndum, dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la que adjuntaba un listado de más de 700 alcaldes que, según la página web de la Asociación Municipios por la Independencia (AMI), habían firmado decretos para apoyar la votación.