El Gobierno de Navarra debe abonar casi cuatro millones de euros a la macrogranja de Caparroso por los daños causados al tumbar hace seis años el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el Decreto Foral de 2019 que limitaba el tamaño de las explotaciones de vacas.
Los magistrados consideraron entonces que no estaba probado que la limitación mejorara el bienestar animal y consideró que la regulación foral vulneraba la libertad de empresa. En aquel entonces, la macrogranja de Caparroso pretendía pasar de 3.500 vacas de leche a cerca de 7.000.
Antecedentes y litigio por la ampliación de instalaciones
Con el Decreto de marzo de 2019, el departamento de Desarrollo Rural, dirigido entonces por Isabel Elizalde, respondía a la inquietud generada entre las explotaciones ganaderas más pequeñas por el establecimiento de macrogranjas.
Tras aquel fallo, la cooperativa Valle de Odieta inició otro litigio para exigir al Gobierno foral una indemnización de casi 20 millones de euros por los perjuicios causados ante la denegación para ampliar sus instalaciones en la localidad navarra.
Este pasado martes las partes conocieron el dictamen de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN por el que sentencia al Gobierno foral a ingresar casi cuatro millones a Valle de Odieta por los motivos anteriormente expuestos, y no los casi 20 millones exigidos por la demandante.
Informe de la sociedad INTIA
Dentro del procedimiento, en la prueba pericial, la sociedad pública INTIA presentó un informe en el que valoraba y reconocía unos daños a la macrogranja de 3,7 millones, pero no los 20 millones solicitados por Valle de Odieta. Así que el Tribunal en su fallo ha tenido en cuenta la documentación de INTIA, informaron fuentes conocedoras del caso. Además, el Consejo de Navarra ya había ratificado esos 3,7 millones con el calificativo de “lucro cesante”.
El lucro cesante consiste en la ganancia económica legítima que una persona o empresa deja de percibir como consecuencia directa de un daño, accidente, incumplimiento contractual o acto ilícito provocado por un tercero.