El jefe de Traumatología del Hospital Universitario de Navarra (HUN), Javier González Arteaga, presentó ayer por la mañana formalmente su dimisión a la gerencia del centro hospitalario, apenas una semana después de hacerse pública una auditoría que cuestionaba el funcionamiento del servicio.
Fuentes de Salud señalaron que el facultativo había remitido a primer hora un correo electrónico a la gerente del HUN, sin concretar razones sobre su renuncia al puesto, la cual se consumaría el 1 de julio. No obstante, González Arteaga remitió ayer mismo un comunicado a medios de comunicación exponiendo su posición y respondiendo a la difusión pública de la auditoría interna sobre la actividad de Traumatología en 2024.
Según la citada auditoría elaborada por el Servicio de Intervención del Gobierno foral sobre la actividad de esta especialidad, se constataban déficits en la organización y escasez de recursos profesionales, así como una falta de control sobre los horarios y las agendas de los facultativos, por parte de los responsables del servicio y de los hospitales, poniendo en una cuestión clave: el control sobre el cobro de algunos complementos.
“La información transmitida es claramente insuficiente y sesgada, con unos pocos extractos”
Tras la difusión de la auditoría, el consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha incidido en todas sus intervenciones esta semana que la auditoría se refiere a Traumatología y Rehabilitacion, pero ha insistido en que las medidas y recomendaciones son para todo el sistema, que hay que trabajar en conjunto con todos los profesionales y que, por supuesto, otras cuestiones como el dotar de herramientas para la gestión es decisión del Departamento.
INFORMACIÓN “SESGADA”
Sin embargo, González Arteaga –que tomó posesión del cargo a finales de julio de 2024– cuestiona en su comunicado la intencionalidad de la difusión de los datos procedentes de esta auditoría interna realizada a su servicio sobre la actividad del año 2024. Según el facultativo, la información trasladada a los medios resulta “claramente insuficiente y sesgada”.
El facultativo no niega que la auditoría detectara deficiencias, pero asegura que las mismas fueron subsanadas de forma inmediata y que el servicio trabaja en las áreas de mejora identificadas. Lo que, a su juicio, resulta inadmisible es que datos de uso interno se hagan públicos de manera selectiva, dificultando tanto el trabajo de mejora como la realización de auditorías eficaces en el futuro.
“Si unos datos que deberían ser de uso interno se hacen públicos, se dificulta el trabajo de mejora y futuras auditorías”
El responsable del servicio detalla su versión sobre los aspectos más destacados en la información publicada. En cuanto al incumplimiento del tiempo de agendas de consulta, explica que parte del horario se destinaba a responder interconsultas no presenciales de Atención Primaria, actividad que no computaba en el tiempo total de consulta y que generaba una distorsión estadística.
Sobre la menor actividad los viernes, aclara que, a diferencia de otros servicios que disponen de días específicos para tareas no asistenciales –informes, programación quirúrgica, gestión administrativa–, en Traumatología esa función se cubre puntualmente reduciendo las citas de algunas consultas de viernes al mes para cada facultativo.
El punto más delicado afecta a las guardias, ya que la auditoría detectó que el 90% de los informes de alta los firmaban residentes, dato que el informe habría interpretado como una ausencia de los médicos adjuntos. González Arteaga rechaza esa lectura: “El que el residente firme el informe no quiere decir que el adjunto no haya tenido participación en la atención”, y recuerda que las intervenciones quirúrgicas urgentes siempre cuentan con la presencia de uno o dos adjuntos, dato que, asegura, “intencionadamente se ha omitido”.
Gonzálea Arteaga sitúa la filtración en un contexto “curioso”, ya que sólo unos días antes de que los datos de la auditoría trascendieran a los medios, Salud había anunciado mediante nota de prensa que los traumatólogos del servicio recibirían incentivos económicos por mejorar las listas de espera. González Arteaga precisa que ese plan, presentado al servicio el 18 de marzo y formalizado en una resolución del 27 de marzo, no había sido aceptado, ya que el servicio lo consideraba “completamente inviable” al exigir mejoras sin aumentar la carga de trabajo ni aportar medidas concretas.
Según explica, desde su llegada puso en marcha un plan para reorganizar el modelo de consultas, eliminando el filtro de Trauma General y derivando a los pacientes directamente a cada sección según su patología. Al respecto, destaca que el proyecto, validado mediante un modelo matemático en colaboración con la UPNA y el servicio de gestión del hospital, fue premiado en el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial.
Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, Domínguez realizó declaraciones en las que focalizaba en el Servicio de Traumatología los malos resultados en listas de espera y afirmó que no le “iba a temblar el pulso” ante una posible intervención del servicio. González Arteaga recuerda que en ese momento otros diez servicios del sistema habían registrado porcentualmente peores resultados que Traumatología, “algunos en un porcentaje considerablemente mayor”.
Las declaraciones del consejero “provocaron un desánimo en los facultativos, que no vieron valorado su esfuerzo, sintiéndose además amenazados, lo que provocó un descenso sustancial en el número de consultas extraordinarias, que son voluntarias, y que desde entonces pasaron a ser de casi 70 al mes a menos de 20”, lo que habría impedido una reducción estimada de entre 700 y 800 pacientes en lista de espera al mes.
González Arteaga concluye señalando la contradicción que, a su juicio, subyace en la secuencia de hechos, ya que no tendría sentido que Salud ofreciera al servicio participar como piloto en un plan de incentivos si, al mismo tiempo, disponía de datos de auditoría que supuestamente acreditaban prácticas irregulares.
