Las organizaciones ecologistas Greenpeace y la Fundación Sustrai Erakuntza han expresado su satisfacción por la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona que condena a dos responsables de la empresa Valle de Odieta S.C.L., propietaria de la macrogranja de Caparroso, por un delito ambiental. La resolución impone penas de un año de prisión, multa de 5.040 euros e inhabilitación especial de 14 meses para dos de sus directivos, además de la obligación de restaurar la balsa del Soto de la Cueva a su estado anterior al vertido contaminante ocurrido en 2021.
Los hechos se remontan a febrero de aquel año, cuando la empresa utilizó un sistema de riego por aspersión con digestato —residuo derivado del tratamiento de purines— sobre parcelas agrícolas sin autorización ambiental. Las escorrentías generadas alcanzaron los barrancos de la zona, afectando a la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, hábitat del visón europeo, el galápago europeo y varias especies de murciélagos. También se vieron comprometidas áreas próximas al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales.
El fallo llega apenas dos semanas después de que el Tribunal Supremo paralizara el proyecto de macrogranja que la misma empresa promovía en Noviercas (Soria). Para las organizaciones ecologistas, la sentencia de Caparroso confirma lo que llevan años denunciando: “Las macrogranjas contaminan suelos y acuíferos. No se trata solo de condenar a Valle de Odieta, sino a un modelo de ganadería industrial que atenta contra el medio ambiente, la salud de las personas y el bienestar animal”, señaló Pablo Lorente, portavoz de la Fundación Sustrai Erakuntza.
"Un replanteamiento radical"
Ambas entidades, que se personaron como acusación popular en el proceso, consideran que el fallo debe marcar un punto de inflexión en las políticas del Ejecutivo foral. “Esta sentencia debería implicar un replanteamiento radical del Gobierno de Navarra ante el modelo ganadero industrial”, han reclamado, recordando que el Ejecutivo no se personó como acusación en el caso pese a su responsabilidad de tutela ambiental.
Greenpeace ha aprovechado la ocasión para poner en evidencia el contraste entre las sanciones a activistas y las impuestas por delitos ambientales. “En Navarra sale más barato destruir el medio ambiente que defenderlo”, denunció Lorea Flores, coordinadora de la organización en Navarra, al recordar que ocho activistas de Greenpeace fueron condenadas en 2024 a pagar casi 30.000 euros por una acción de protesta, una cifra cinco veces superior a la multa impuesta a los directivos de Valle de Odieta.
Las organizaciones convocarán el próximo viernes, 31 de octubre, una rueda de prensa para valorar en profundidad la sentencia y analizar sus repercusiones. Participarán en ella representantes de Greenpeace y Sustrai Erakuntza, así como el equipo jurídico que ha seguido el caso. La condena, inédita en Navarra en materia de macrogranjas, podría tener un alcance más amplio del puramente judicial: abre de nuevo el debate sobre el futuro del modelo agroganadero en la Comunidad Foral, entre las demandas de transición ecológica y las presiones del sector industrial.
