Las organizaciones ecologistas Greenpeace y la Fundación Sustrai Erakuntza expresaron este viernes su satisfacción por la sentencia del Juzgado de lo Penal nº2 de Pamplona que condena a dos responsables de la empresa Valle de Odieta S.C.L., propietaria de la macrogranja de Caparroso, por un delito ambiental. Además, reclamaron al Gobierno de Navarra cambios urgentes hacia un modelo de agroganadería industrial más sostenible.

Andrea Goizueta, abogada de Arankoa, Pablo Lorente, de la Fundación Sustrai Erakuntza, y Lorea Flores, de Greenpeace, valoraron muy positivamente la sentencia, que marca un importante precedente en Navarra. “Queremos mostrar la satisfacción por la condena, que pone el foco en el modelo de la agroganadería industrial. Nosotros no tenemos intención de perjudicar a ninguna empresa o trabajador, simplemente queremos que se abra un debate más amplio a nivel político y social”, remarcaron desde las dos asociaciones.

Andrea Goizueta, abogada de Arankoa implicada en el caso, fue la encargada de explicar la resolución de la macrogranja de Caparroso, que impone penas de un año de prisión, multa de 5.040 euros e inhabilitación especial de 14 meses para dos de sus directivos, además de la obligación de restaurar la balsa del Soto de la Cueva a su estado anterior al vertido contaminante ocurrido en 2021. “Ha quedado acreditado que se regó con un producto susceptible de generar un impacto grave en la naturaleza. Se ha condenado a los dos directivos por delito doloso y no imprudente, al entender la magistrada que eran conocedores de que la actividad no estaba autorizada y podía ser peligrosa. En cambio, se absuelve al resto del Consejo Rector al considerar que no tenían conocimiento de ello”.

Los hechos condenados

Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando la empresa utilizó un sistema de riego por aspersión con digestato —residuo derivado del tratamiento de purines— sobre parcelas agrícolas sin autorización ambiental. Las escorrentías generadas alcanzaron los barrancos de la zona, afectando a la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Tramos Bajos de los ríos Aragón y Arga, hábitat del visón europeo, el galápago europeo y varias especies de murciélagos. También se vieron comprometidas áreas próximas al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales.

El fallo llegó apenas dos semanas después de que el Tribunal Supremo paralizara el proyecto de macrogranja que la misma empresa promovía en Noviercas (Soria). Para las organizaciones ecologistas, la sentencia de Caparroso confirma lo que llevan años denunciando. “Las macrogranjas contaminan suelos y acuíferos. No se trata solo de condenar a Valle de Odieta, sino a un modelo de ganadería industrial que atenta contra el medio ambiente, la salud de las personas y el bienestar animal”, señaló Pablo Lorente, portavoz de la Fundación Sustrai Erakuntza.

Ambas entidades, que se personaron como acusación popular en el proceso, consideran que el fallo debe marcar un punto de inflexión en las políticas del Ejecutivo foral. “Esta sentencia debería implicar un replanteamiento radical del Gobierno de Navarra ante el modelo ganadero industrial”.

Además, Greenpeace aprovechó para poner en evidencia el contraste entre las sanciones a activistas y las impuestas por delitos ambientales. “En Navarra sale más barato destruir el medio ambiente que defenderlo”, denunció Lorea Flores, coordinadora de la organización en Navarra, al recordar que ocho activistas de Greenpeace fueron condenadas en 2024 a pagar casi 30.000 euros por una acción de protesta, una cifra cinco veces superior a la multa impuesta a los directivos de Valle de Odieta.