Un presunto testaferro del 'caso hidrocarburos' en el que se investiga al empresario Víctor de Aldama ha reconocido este martes como imputado en la Audiencia Nacional que le colocaron de administrador en una empresa y le pagaban 3.500 euros mensuales "por no hacer nada".
En su declaración voluntaria ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 5, el juez Santiago Pedraz, Javier Sequi ha respondido a la Fiscalía y a su defensa precisando que cobró esa cantidad durante tres meses, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Sequi ha relatado que conoció al dueño de la empresa Salamanca Fuel Center, Félix Aparicio, en el club nocturno en el que trabajaba y ha indicado que siempre se había dedicado a ese sector.
Fue Aparicio, según ha declarado el investigado, quien le ofreció trabajo en un negocio de hostelería y después le puso como administrador de esa empresa, a la que los investigadores señalan por desviar dinero.
Firmaba lo que le pedían
El investigado ha asegurado ante el juez que empezó a sentirse incómodo porque empezaron a pagarle 3.500 euros al mes "por no hacer nada", solo por firmar lo que Aparicio le pedía.
Y ha agregado que cuando le detuvieron en octubre de 2024 y le dijeron que era por Villafuel, la empresa clave de la presunta trama, él no sabía qué compañía era ni a qué se dedicaba.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Sequi fue el "sucesor" de Aparicio y desarrolló "funciones principalmente de testaferro a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularles de la dirección real".
Influencia en varios ministerios
La UCO apuntó en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con la finalidad de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica".
Además, los agentes señalaron a Aldama y al también empresario Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama, indicando que "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".
Organización criminal
La trama habría formado "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".
"De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas", según el informe.
La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando por parte del "entorno de la presunta organización criminal" se habría pedido a Aldama "que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes", para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora. Y sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.
