Las personas que suscribimos este documento, plurales en lo político pero todas ellas víctimas o familiares de víctimas del terrorismo asesinadas por ETA o grupos afines, queremos manifestar a la opinión pública que consideramos un error político y humano grave no querer reconocer a las víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha.
Este reconocimiento que reclamamos no supone caer en un interesado totum revolutum, ni referirnos de manera genérica a las «víctimas del conflicto político que sufre nuestro pueblo». Tenemos muy claro que esa lectura interesada solo conviene a quienes más responsabilidad tienen en todo el sufrimiento que hemos vivido, a los que persiguen la impunidad judicial o histórica.
Para nosotras, reconocer a las víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha no significa blanquear, equiparar, ni legitimar nada con relación a nuestros atentados o al asesinato de nuestros familiares. Solo implica reconocer que esas víctimas también tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. Y con su reconocimiento no vemos mancillado ni el honor ni la memoria de nuestros familiares asesinados por los terroristas de ETA o grupos afines.
Constatamos que desde distintos sectores sociales y políticos se trata de minimizar -cuando no de invisibilizar- a las víctimas de abusos policiales o de grupos de extrema derecha, argumentando que sus muertes se debieron a fallos o atropellos dentro de la obligada respuesta de la sociedad a la agresión recibida. Somos conscientes de que nuestros procesos de victimación fueron radicalmente distintos a los de estas personas, que nuestros atentados o el asesinato de nuestros familiares fueron una deliberada estrategia de aniquilamiento del diferente con el apoyo de una parte muy importante de nuestra sociedad, pero no podemos admitir que en el caso de las víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha se menosprecien actos irreversibles contra la vida y la dignidad humana. Creemos que admitir ese menosprecio daña la legitimidad del Estado democrático de Derecho y el tejido moral de nuestra sociedad.
Por eso, afirmamos que el reconocimiento de los derechos de estas víctimas debería ser un sentimiento pre-político, por encima de siglas, banderas u opciones políticas concretas.
Mari Jose Agirre Larraona, Carlota Arguimberri Zuloaga, Jaime Arrese Araolaza, Nerea Barrios Cuevas, Sara Buesa Rodríguez, Esther Cabezudo Martínez, Guillermina Cabré Baldellou, Marc Cabré Baldellou, Marta Cabré Baldellou, Rosa María Cabré Baldellou, Sandra Carrasco Romero, Bárbara Dührkop, Josu Elespe Pelaz, Patxi Elola Azpeitia, Jesús Fructuoso Gómez, Iñaki García Arrizabalaga, Fernando Garrido Velasco, José Miguel Gómez Elósegui, Nagore González Berrio, Mari Carmen Hernández Sánchez, María Jauregi Lasa, Andoitz Korta Zearreta, Ibai Korta Zearreta, Gorka Landaburu Illarramendi, Maixabel Lasa Iturrioz, Rosa Lluch Bramon, Robert Manrique Ripoll, Belén Mentxaka Lejona, Dori Monasterio Burgos, Alberto Muñagorri Berdasco, Ainara Olaciregui Villarta, Ainhoa Pedrosa Hernández, Gabriel Portell Torres, Arantza Puelles García, Iván Ramos Torrano, Rosa Rodero Palacios, Carmen Torres Ripa.Abel Uceda Vázquez, Jordi Valls Olivé, Luis Mari Vega Castresana, Silvia Vidal Pinar, Naiara Zamarreño Fernández, Pilar Zubiarrain Lasa.
