pamplona - Coincidiendo con el arranque de la legislatura y la campaña del 26-M, el PSOE ha pedido al juez del caso Lezo que llame a declarar como investigada a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y a otros cuatro miembros del consejo de Gobierno que votaron a favor de la construcción de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II, el 18 de enero de 2007. La acusación que ejerce el PSOE ha aprovechado que la Fiscalía ha reactivado la pieza separada en la que se investiga la construcción de esa cancha de prácticas de Golf en el barrio madrileño de Chamberí para pedir nuevas diligencias que consideran “absolutamente” indispensables para aclarar en el acuerdo.

La principal, llamar a declarar como imputados a Aguirre y a otros cuatro miembros de ese consejo de Gobierno que votaron a favor de dicho acuerdo: Salvador Victoria -ya imputado en Púnica-, Mariano Zabia, María Jesús Villamedina y Domingo Menéndez, así como “a todos aquellos que se puedan identificar a través del acta de la reunión”. Para ello, además de solicitar al juez estas comparecencias, previo informe del Ministerio Fiscal, el PSOE pide que se requiera a la Comunidad de Madrid el acta del Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2007 con identificación de los consejeros presentes y del resultado de la votación. Explica al respecto que solo ha conseguido localizar el acuerdo del Consejo de Gobierno firmado por Aguirre, Victoria y Zabia, pero no el acta del consejo con asistentes y resultado de las votaciones.

Lo que sí ha podido adjuntar del PSOE es el acta de la intervención de Aguirre ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, el 23 de marzo de 2018. En esa ocasión Aguirre expuso: “Yo soy la que tuve la idea de poner en el centro de Madrid, en una zona de 12 hectáreas, que era la cubierta del tercer depósito, un lugar de disfrute de los ciudadanos de Madrid y no solamente de parque sino de instalaciones deportivas y, en especial, de una cancha de prácticas de golf. O sea, mátenme, pero la idea fue mía”. En esa intervención, según recoge el escrito, la expresidenta madrileña -que admitió haberle propuesto esta idea a su sucesor Ignacio González cuando era presidente del Canal de Isabel II (2003-2012)- demostró “tener un claro conocimiento de la tramitación” y no “solo del procedimiento de reconoce como propio, sino de las vicisitudes del mismo”.

Para obtener más datos sobre esos pormenores, esta acusación también ha pedido al juez citar como testigos a los responsables de dos informes elaborados sobre este proyecto. Reclama así el testimonio de José María López Castillo, secretario de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid que emitió el informe de 1 de diciembre de 2006. También el de Ángel Sanz D’Asteck, Subdirector General para la Gestión Privada del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid que emitió el informe de 27 de diciembre de 2006. - D.N.

Trama. La operación recibió luz verde cuando el entonces vicepresidente madrileño Ignacio González, principal investigado en Lezo, presidía el Canal de Isabel II y las obras se concedieron a una UTE pese a que su oferta era inferior en dos millones de euros a otras.

Familia. La adjudicataria estaba formada por Iridium, Soto Once y Tecnoconcret, participada por José Juan Caballero y por su cuñado Pablo González, hermano de Ignacio.