pamplona - El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha presentado su dimisión al conocer su imputación tras la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, según anunció la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de quien depende esta empresa estatal, tras conocerse el auto de la Audiencia, dictado por la juez Mercedes Alaya, que investigó el caso de los ERE. La salida de Fernández se formalizará en el Consejo de Ministros de este viernes.
La causa reabierta por la Audiencia Provincial de Sevilla investiga presuntas irregularidades de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015. Las empresas Minorbis-Grupo México se alzaron con el concurso en febrero de 2015 y a continuación la firma perdedora, Emerita, denunció en los juzgados el supuesto amaño de la convocatoria pública. El proyecto de Emerita ofrecía una inversión de 641 millones frente a los 304 millones de la alianza Minorbis-Grupo México, pese a lo cual la segunda ganó el concurso con 75,9 puntos sobre 73,6 de la oferta perdedora. Emerita Resources había recurrido hasta en seis ocasiones, en las que el juzgado había desestimado el recurso. Ha sido la juez Alaya la que ha reabierto el caso, que había sido archivado en dos ocasiones.
En un durísimo auto, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla estima el recurso de los denunciantes y reitera los indicios de ilegalidades que ya vio en 2016, cuando reabrió el caso por primera vez tras el archivo por parte de la juez instructora, la magistrada Patricia Fernández. Pero ahora da un paso más al apreciar indicios claros de tráfico de influencias y señalar, como supuesto máximo responsable, a Fernández, que era secretario general de Industria de la Junta cuando se convocó el concurso minero, en 2015, y cuando se adjudicó, un año después, con quien adjudicatarios de la mina tenían una “excelente relación personal” según se deduce de los correos electrónicos incautados y analizados por los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que se cruzaban “inclusive en sábados y domingos a horas intempestivas”. Luego fue nombrado por Susana Díaz interventor general de la Junta, un cargo del que saltó al gobierno de Pedro Sánchez, quien le nombró presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cargo del que acaba de dimitir. - D.N.
