El Supremo condenará por sedición y malversación a los líderes del ‘procés’

El soberanismo llama a manifestarse de forma "pacífica y unitaria" ante el fallo que el Tribunal prevé emitir este lunes

Las filtraciones apuntan a una sentencia unánime y la mayor pena para Junqueras

10.02.2020 | 07:09
Los doce encausados durante una de las jornadas del juicio en el Tribunal Supremo. Foto: Efe

El soberanismo llama a manifestarse de forma "pacífica y unitaria" ante el fallo del Tribunal.

pamplona - El independentismo llama a responder de forma "pacífica" y "sin miedo" a la sentencia del procés, que condenará por sedición y malversación, unificándolos en un mismo delito, a los líderes del 1-O, según reza en un fallo judicial que se ha ido destapando en forma de serial sin capacidad por parte del Tribunal Supremo para atajar filtraciones. Aunque los magistrados podrían retocar la resolución mañana a primera hora, cuando acudan a firmarla, es seguro que el dictamen no contemplará la rebelión consumada que reclamaba la Fiscalía y se ajustará más a la petición de la Abogacía del Estado, con la imposición de una sola pena al apreciarse un concurso medial de los delitos, es decir, que las dos conductas castigadas no están desconectadas sino que tendían a un mismo fin.

La decisión, adoptada por unanimidad, fijará la condena más larga, unos 12 años de cárcel, para Oriol Junqueras, sobre quien, como en el resto de consellers, recaerá el uso de fondos de su departamento para celebrar el referéndum. La malversación se atribuía igualmente a los tres dirigentes que están en libertad (Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs), aunque solo caerá sobre ellos el delito de desobediencia por estar en una reunión del Govern en la que se avaló el uso de dinero público, lo que les acarreará su inhabilitación pero sin pisar prisión.

Para los consellers que han estado en prisión preventiva la inhabilitación será más extensa al ir conectada a la condena que se les imponga por sedición y malversación. Esta previsión de penas, tras casi dos años entre rejas, facilitará el acceso de todos ellos a los permisos carcelarios. Los primeros podrán solicitarlos cuando cumplan un cuarto de su castigo y serán concedidos por la Administración Penitenciaria catalana al estar la competencia en manos de la Generalitat. Incluso se podrían beneficiar si son clasificados en tercer grado penitenciario o semilibertad. La Sala prevé desoír la petición realizada por el Ministerio Fiscal en las conclusiones finales para la aplicación expresa del artículo 36.2 del Código Penal, de forma que los penados no accedieran al tercer grado hasta que cumplieran la mitad de su condena, pero, según fuentes jurídicas, será desestimada.

Además, el fallo distingue en cuanto a los grados de responsabilidad, según la implicación en los hechos y la condición de las personas. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no eran cargos públicos y su conducta no puede verse agravada por esa circunstancia, y por ello no estaban acusados de malversación, al igual que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Así, la frontera de las condenas puede establecerse en los 10 años de prisión. La sentencia, cuya extensión rondará los 500 folios, explicitará asimismo el llamado derecho a decidir, el derecho de manifestación, el derecho a la participación política o los derechos parlamentarios de los acusados, con el objetivo de determinar las relaciones del Estado con Catalunya y para evitar que puedan reproducirse escenarios similares en el futuro.

La reacción del mundo independentista no se ha hecho esperar. Salvar el escollo de la rebelión, del "golpe de Estado" del que llegaron a hablar los fiscales, resulta del todo insuficiente. Quim Torra instó ayer a los catalanes a salir a la calle a manifestarse "pacíficamente" y sin "miedo" para mantenerse "firmes" en su "dignidad y compromiso con este país". "La represión nunca ha vencido a los catalanes. Siempre la democracia y el voto popular han acabado ganando, y lo volverán a hacer", aseguró el Jefe del Govern, que compartió protagonismo en el acto de precampaña de JxCat con los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. Este último pidió unidad en la réplica a la sentencia. "Nos tenemos que poner de acuerdo para dar respuesta", solicitando a la ciudadanía "un gran gesto de país". "Todos tenemos la cabeza y el corazón en la cárcel. Sabemos y sentimos que detrás de los muros de las prisiones hay un grupo de personas honestas, pacificas, altruistas, que han dado todo por el país. Amigos nuestros que a estas horas esperan el veredicto de un juicio vergonzoso", aseveró desde Waterloo, advirtiendo de que el fallo judicial "tendrá 500 o 1.000 folios, pero solo una motivación: la venganza". "Todos los años que llevan presos y los que el Estado y sus cómplices les condenen, serán años robados a sus vidas y serán una expresión de lo que quieren que le pase a Catalunya: robarle su libertad", denunció. Puigdemont señaló que el 10-N es una oportunidad para ir a las urnas "contra las condenas y la represión". "Ante las brigadas jurídico-sociales dispuestas a secuestrar urnas y votos, nuestra respuesta ha de ser canalizada a través de urnas y votos para romper muros", insistió.

"espíritu franquista" Por su parte, Mas afirmó que sacarán a Franco del Valle de los Caídos, pero "mientras haya gente en la prisión y el exilio el espíritu del dictador todavía estará" presente. Desobediencia civil y respuesta institucional son los dos ejes sobre los que se mueve el independentismo. El vicepresident Pere Aragonés (ERC) insistió en ello y apuntó que el Estado español puede convertirse en "el laboratorio de excepción de persecución de ideas políticas en un democracia formal, pero no real" dentro del marco europeo. "Debemos marcar un horizonte claro y nuevo en el país de trabajo, de estrategia compartida y de objetivos amplios para avanzar hacia la libertad y la justicia", declaró el republicano durante el consejo nacional de su partido. "La causa de la independencia no es tan solo de derechos y libertades nacionales o tener la capacidad de autogobernarnos, sino una causa de la democracia y las libertades", reseñó Aragonés, dejando claro que la sentencia "no hará desaparecer a los millones de independentistas ni descabezará al independentismo. Al contrario: "Acumularemos más fuerza para seguir y liderar compartidamente el camino hacia la República". Los sindicatos impulsan junto a unas setenta entidades sociales -incluida Òmnium- un comunicado unitario que muestra el "desacuerdo" con el dictamen.

Desde el unionismo, Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Cs) evitaron valorar la sentencia hasta su publicación, y Pablo Casado (PP) dijo que la "asumirá y respetará". Pablo Iglesias (Podemos) quiso ser prudente y añadió que es necesario empezar a "tejer cauces" para la "reconciliación".