MADRID. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo "no da instrucciones" a la Abogacía del Estado para orientar el informe que el Supremo le ha solicitado para el cumplimiento de la sentencia de la Justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
La Abogacía actúa según el "principio de legalidad" y "buscando el interés general", ha recalcado Celaá, quien ha asegurado que ese servicio jurídico está estudiando en profundidad la sentencia dictada este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE y que "no hay ninguna instrucción al respecto".
Sin entrar al fondo del asunto, la portavoz del Gobierno ha advertido que ahora mismo Junqueras ya está condenado en firme por el Supremo y no en prisión preventiva, como ocurría en junio cuando la Abogacía informó a favor de que se le dejara en libertad provisional para cumplir los trámites tras ser elegido eurodiputado.
"Dejemos lo judicial en manos de los tribunales", ha reiterado durante la rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, quien ha recalcado que de ninguna manera el Gobierno va a interferir en ese ámbito judicial, sino que se va a limitar a trabajar en la política.
Ha insistido Celaá en que las cuestiones entre tribunales han de resolverse entre ellos, pero ha salido en defensa del Supremo al recordar que si el TJUE se ha pronunciado ha sido gracias a una cuestión prejudicial elevada por el tribunal español.
Y eso es porque el Supremo "es garantista" y porque la justicia española busca que los acusados tengan las máximas garantías, ha aseverado.
La sentencia, entre otras cuestiones, ha permitido la entrada de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Al respecto, la portavoz ha afirmado que esa acreditación es provisional y que el expresidente de la Generalitat aún tiene "cuentas pendientes" con la Justicia española que "obviamente tendrá que sustanciar".
"Seguimos en lo mismo en lo que estábamos", ha recalcado la portavoz.
También ha defendido a las instituciones europeas al manifestar: "La resolución del Tribunal de Justicia de la UE es nuestra resolución; España está en Europa y España se somete a la jurisdicción europea".
