- El Parlamento de Navarra aprobó ayer por unanimidad el tercer decreto ley del Gobierno para hacer frente a la crisis del coronavirus. Es, básicamente, un paquete de medidas pensado para los 47.000 autónomos, uno de cada seis trabajadores en Navarra, que han tenido que cerrar o bien han facturado muchísimo menos de lo normal por culpa del COVID-19.
El decreto dispone de un fondo económico, que será superior a los 20 millones de euros, y que estipula una serie de ayudas directas: de hasta 2.200 euros para aquellos que se hayan tenido que cesar su actividad y cumplan una serie de exigencias. Y de 700 y 800 euros para quienes acrediten una bajada de los ingresos de al menos el 30% y no perciban otro tipo de ayudas.
El decreto, tal y como se aprobó por parte del Gobierno, verá la luz. No habrá enmiendas, porque PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E se opusieron a la petición de Navarra Suma de poner en marcha el proceso para convertir el decreto en ley foral por la vía de urgencia, el mecanismo que permite hacer cambios en el texto. La derecha había propuesto algunas modificaciones, pese a que el decreto partía supuestamente del consenso y ya las tenía incluidos. Una actitud denunciada por la presidenta María Chivite, que vio en Javier Esparza, líder de Navarra Suma, un intento de volver a acaparar el foco mediático y marcar la agenda, como sucedió en el pleno del 3 de abril, cuando la derecha y EH Bildu aprobaron un decreto que, de alguna manera, se amplió ayer.
Las ayudas supondrán un gasto superior a los 20 millones y tienen unos requisitos de entrada. Podrán acceder a la ayuda directa de 2.200 euros todos aquellos autónomos que hayan tenido que cerrar y puedan acreditar que viven en Navarra y a 14 de marzo estaban dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, estar al corriente de pago con la Hacienda, no haber solicitado otras ayudas para empleo en 2020, no haber tenido que pagar por Patrimonio en 2018 y acreditar que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (incluidos los del propio trabajador autónomo), mientras dure el estado de alarma, no supere los 2.151 euros en el caso de que no tenga hijos a su cargo. Además, se tiene que comprometer a que continuará con su trabajo durante al menos un año. La medida también se extiende a cooperativistas.
Quienes cumplan con todos los requisitos y no hayan tenido que cerrar pero puedan acreditar un bajón en los ingresos, podrán solicitar una ayuda directa de entre 700 y 800 euros. Tienen que seguir dados de alta en sus cuotas y demostrar una caída de mínimo el 30%. Las ayudas se pueden pedir hasta el último día del mes siguiente en el que se decrete la salida del estado de alarma.
El tono del debate fue el de los plenos de confinamiento: los políticos no quieren romper la baraja, sino transmitir cierta unidad, pero al final afloran los reproches. Ayer, la principal crítica que hizo la presidenta Chivite fue al afán de colgarse medallas de Navarra Suma. "Con el tema de los autónomos se pidió sosiego, pero hubo empeño por seguir adelante por interés personal", reprochó, en abierto, la jefa del Ejecutivo, haciendo alusión a las ayudas aprobadas por la oposición el 3 de abril. Esparza criticó falta de lealtad en quien predica unidad, e insinuó que lo que ha querido el Gobierno es impedir que parezca que la derecha puede apuntarse el tanto. "¿Qué lealtad predica, si después de cerrar un acuerdo pide hacer enmiendas? ¿Cuánto vale su palabra? Recoja el guante para el diálogo verdadero y deje el oportunismo político", zanjó Chivite en la réplica.
Mesa y Junta. La Mesa y Junta de Portavoces celebrada ayer abordó desde las fechas para las comparecencias del Gobierno hasta la posibilidad de reimplantar los plenos de control con medidas de seguridad, algo que ya empieza a sopesarse. La sesión de ayer decidió que la presidenta Chivite vuelva a comparecer este viernes en comisión de Régimen Foral para dar cuenta de cómo se está gestionando la crisis del COVID-19. La semana que viene está previsto que comparezcan, a petición de la oposición, la consejera de Salud, Santos Induráin; y la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu. Posiblemente, los días 28 y 29, respectivamente. La Mesa también ha encargado un estudio técnico para ver si se pueden llevar a cabo comisiones de control informativas telemáticas, además de que se está estudiando, junto con el comité de Seguridad y Salud de la Cámara, si se pueden hacer con garantías sanitarias al menos dos sesiones presenciales diarias para ir recuperando poco a poco la normalidad parlamentaria.
"Invito a que se recoja el guante del diálogo verdadero y que se aparque el oportunismo"
Presidenta del Gobierno de Navarra
