- Dieciséis colectivos sociales de diferentes puntos del Estado entregaron ayer un escrito a los grupos parlamentarios del Congreso en el que exigen a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas para garantizar los derechos de los presos también durante la pandemia del coronavirus. Solicitan excarcelar a los mayores de 70 años o enfermos crónicos y retomar la actividad dentro de las cárceles.

Entre las entidades que firman esta petición se encuentran la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y el Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, así como Etxerat, Salhaketa y la Red Ciudadana Sare.

Los mencionados colectivos entregaron el escrito a los parlamentarios aprovechando la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta petición reitera en parte la que ya realizaron el pasado 23 de marzo a los grupos políticos que componen la Comisión de Interior del Congreso, y que ponía en su conocimiento la situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad durante la pandemia y solicitaban la adopción de medidas respetuosas con sus derechos.

Los colectivos critican que, a pesar de que entre presos y funcionarios "ya se contabilizan un millar en observación médica o cuarentena y 238 positivos en COVID-19", ni Interior ni la Comisión de Interior del Congreso "han prestado atención a la situación de las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y allegadas, ni se han adoptado medidas acordes con los principios establecidos por los organismos internacionales".

En cuanto a las medidas adoptadas hasta ahora denuncian que, entre otras cuestiones, no se ha facilitado el acceso a los test a todos los reclusos ni trabajadores, no se ha reforzado la plantilla de personal sanitario "ni se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de las personas recluidas."

Por eso solicitan que se excarcele a las personas mayores de 70 años, enfermas graves o con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, y que se retomen cuanto antes las comunicaciones por cristales con las familias y personas allegadas, adoptando las medidas sanitarias oportunas.

Igualmente exigen que se retome la actividad dentro de las cárceles y con mayor necesidad aquellas dirigidas al tratamiento de adicciones, de la salud mental, el contacto para derivaciones a comunidades terapéuticas o pisos de acogida.