El rey que sacaba 100.000 euros al mes del cajero

En la documentación contable que publica el diario se constata la transferencia que el rey Abdulá de Arabia Saudí hizo a esa cuenta el 8 de agosto de 2008 de 64,8 millones de euros y de la que solo unas semanas después comenzaron a registrarse salidas de efectivo que supuestamente habrían servido para sufragar gastos no declarados de la familia real, señala el mismo diario.

La primera retirada fue para abonar los honorarios profesionales de Dante Canonica y Arturo Fasana, los dos gestores suizos a los que recurrió el rey emérito para, presuntamente, tratar de camuflar su relación con esa fortuna mediante una estructura con ramificaciones en Centroamérica y que investiga el fiscal suizo.

Tras esas transacciones iniciales y según la documentación contable publicada ayer, Juan Carlos I empezó a retirar fondos de forma periódicamente. Así, consta que se sacó de esa cuenta en enero de 2009 207.000 euros, en marzo de ese año unos 205.000 euros o en junio otros 209.000 euros, todos baje el concepto de "gastos personales".

La mecánica de disposiciones de efectivo en ventanilla se repitió en los años siguientes. En 2010, según la información publicada, se extrajeron de esa cuenta del banco Mirabaud 1,5 millones de euros en diferentes meses en abultadas cantidades, la mayor la del 16 de diciembre de ese año, por un importe 303.000 euros.

Ninguna de esas disposiciones de efectivo fue declarada a la Hacienda española. La única entrada que consta en la cuenta de Lucum, además del ingreso inicial de Arabia Saudí, es otra transferencia recibida del rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, por importe de 1,9 millones de dólares (1,4 millones de euros aproximadamente en ese momento). El resto de operaciones reflejadas en el balance del depósito son retiradas de dinero en ventanilla. Una vez llegaba a sus manos, los billetes eran usados por el conjunto de los miembros de Zarzuela para pagar regalos, viajes, consumiciones y otros caprichos.

La cuenta mantuvo estos movimientos de retirada hasta junio de 2012 cuando tras el accidente del rey emérito en Botsuana el banco trasladó al monarca su incomodidad por la existencia de esa cuenta.

Juan Carlos I optó entonces por transferirle los aproximadamente 60 millones de euros que quedaban en la entidad a Corina Larsen, en concepto de donación. Después, los gestores Canonica y Fasana cerraron el depósito y disolvieron la fundación Lucum.

Precisamente, a finales de 2010, el rey emérito Juan Carlos decía en su discurso de Nochebuena que "pensaba en todas las personas que han asumido grandes sacrificios y esfuerzos; aquellos que han tenido que cerrar comercios, talleres o negocios".

Al mismo tiempo instaba "a unir nuestras fuerzas para alcanzar nuevos logros colectivos" y a mirar hacia el futuro fomentando "el ejercicio de grandes valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez. Valores y virtudes cuya ausencia no es ajena al origen de la crisis, y que son consustanciales a toda sociedad justa y equitativa".

Las reacciones al escándalo han sido múltiples. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, abogó ayer por "esclarecer todo lo posible" las actividades de Juan Carlos I y "dejar que funcione la Justicia", mientras que el Gobierno "explorará todas las vías posibles para regenerar y democratizar aún más la sociedad". "Desgraciadamente, no lo hemos conocido en la totalidad y todavía quizás tampoco hoy en día, pero tenemos ya una base suficiente para decir que es enormemente preocupante lo que estamos conociendo de las actividades del que fue Jefe del Estado", subrayó.

En la misma línea, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, trasladó que "somos todos iguales ante la ley, seamos quienes seamos". Así respondió a una pregunta en Pontevedra sobre la existencia de un debate en las Cortes acerca de una posible reforma constitucional para eliminar esta prerrogativa de la jefatura del Estado.

Mientras, la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y líder anticapitalista, Teresa Rodríguez, afirmó que la monarquía es "corrupta hasta el tuétano", a la par que rechazó que ahora el Estado intente llevar a cabo una "gran operación" a fin de "salvar" a Felipe VI y "hacernos creer que la Casa Real es una institución moderna y útil".

Por el contrario, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que "lo inquietante y perturbador" no son las informaciones sobre el rey emérito, sino "la actitud del Gobierno". Prácticamente la misma postura mostró el presidente del PP, Pablo Casado, pidió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que defienda a Felipe VI de los "ataques intolerables" del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y consideró que "lo inquietante y perturbador en España no es la Monarquía, sino este gobierno radical". "Esto no va contra el rey, sino contra la monarquía constitucional, contra la unidad nacional, el Estado de Derecho", afirmó el líder popular.