- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, secundó ayer las palabras del presidente del Gobierno español sobre la muerte en la prisión de Martutene de un preso de ETA. La semana pasada Pedro Sánchez “lamentó “profundamente” el suicidio de Igor González Sola que fue hallado muerto en su celda el pasado 4 de septiembre.

Grande-Marlaska respondió así a una pregunta de Vox en el Congreso sobre la muerte del preso de ETA asegurando que comparte con el presidente español que “no es una buena noticia el suicidio de ningún interno en prisión”.

“ETA fue vencida por el estado de derecho, hablar de la derrota de ETA es hablar de ética pública, de valores democráticos, y dentro del humanismo evidentemente no cabe alegrarse del suicidio de ningún interno en prisión”, defendió Grande-Marlaska tras ser preguntando por el diputado Ignacio Gil Lázaro sobre las palabras en el Senado de Sánchez lamentando el suicidio de Igor González.

El diputado de Vox afirmó que las palabras de Sánchez fueron “vomitivas y miserables” y lo relacionó con la “estafa” que supone que gobierne con “podemitas e independentistas”. En este sentido, recordó que sus socios de investidura ayer pidieron en una declaración conjunta el fin de la política de excepción con los presos vascos, sin aludir a ETA ni el terrorismo. Esto último es para la formación de ultraderecha la demostración de que se consiente el intento “bilduetarra de blanquear la historia criminal de ETA con un Gobierno cómplice”.

Por otra parte, Elkarrekin Podemos se ha sumado a una declaración conjunta con EH Bildu y PNV en el Parlamento Vasco en la que solicitan al Gobierno de Pedro Sánchez un giro en la política penitenciaria con los presos de ETA. La letra del texto es similar a la que este pasado martes suscribieron varios partidos representados en el Congreso de los Diputados, entre los que no se encontraba el partido liderado por Pablo Iglesias. Los tres grupos parlamentarios solicitan al Gobierno español que “lleve a la práctica y sin demora”, la “voluntad expresada” por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proceder al cambio en profundidad de la actual política penitenciaria.