- La tensión vuelve a resurgir entre PSOE y Unidas Podemos, los dos pilares del gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez. En esta ocasión, la formación morada ha elevado la voz por enésima ocasión, esta vez tras la acusación directa a los socialistas de retrasar la aprobación del real decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma.

A pesar de que se había alcanzado un acuerdo pacífico recientemente, las aguas vuelven a bajar revueltas. Fuentes próximas al vicepresidente Pablo Iglesias pusieron en solfa que los ministerios de Economía y Justicia apunten a compensar con dinero público a los grandes tenedores de vivienda, en su mayoría bancos y fondos de inmersión, medida que los de Iglesias no ven con buenos ojos.

Podemos ha alzado la voz ante lo que podría ser la laminación de una de sus medidas estrella en materia social. Según Europa Press, que cita fuentes cercanas a Iglesias, el partido no apoyará que se indemnice de ninguna manera a los tenedores de vivienda. Instan a que el real decreto amplíe en el tiempo la prohibición de ejecutar desahucios, en vigor al menos hasta el 31 de enero de 2021.

Y parece que no van a dar su brazo a torcer. El argumento esgrimido es la compensación a los grandes propietarios, por la que aboga un PSOE que llama a pulir los aspectos jurídicos al máximo. Sería además un resarcimiento al 100% a las entidades bancarias y los fondos de inversión, fuera cual fuera el caso concreto, y podría certificarse esta próxima semana en el Congreso de Ministros. En todo caso, no es una cuestión surgida esta semana, si no que la controversia a dos bandas viene de lejos.

Fue en octubre cuando la formación morada planteó ampliar el plazo para imposibilitar los lanzamientos. La propuesta, no obstante, cayó no caló en el PSOE desde el principio. Ello provocó una vuelta de tuerca por parte de Unidas Podemos, que redobló la presión presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado -diseñados por ellos mismos junto a los socialistas- junto a ERC y EH Bildu, que prorrogaba la imposibilidad de ejecutar desahucios por efecto de la pandemia de la covid-19 hasta finales de 2022.

Los socialistas aceptaron el envite y emprendieron unas negociaciones que, en principio, llegaron a buen puerto. Llegaron a tal punto que los de Iglesias retiraron la enmienda, previo principio de acuerdo para alargar el decreto antidesahucios al menos hasta mayo, y que apuntaba de inicio a proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Iglesias se apuntó el tanto al asegurar que la medida se tomaría antes de fin de año. Pero fue el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien echó un jarro de agua fría a sus pretensiones al apuntar que el PSOE prefería ralentizar el proceso para ajustar aspectos jurídicos.