- El Parlamento de Navarra tiene previsto aprobar hoy una ampliación de las competencias del Defensor del Pueblo para que pueda realizar labores de mediación. El cambio en el reglamento de la institución parte del propio Defensor, que el pasado 29 de enero ya expuso en la Cámara la necesidad de ampliar sus competencias, tal y como ya ocurre en otras comunidades. La propuesta llega hoy a la Mesa del Parlamento, donde contará con apoyo mayoritario, previsiblemente unánime.

Para ello, se va a modificar el reglamento del Defensor, de forma que “podrá desempeñar funciones de mediación, facilitando el acceso y la administración de la mediación, incluida la designación de mediadores”. Estas nuevas funciones “estarán separadas de las restantes” que ejerza el Defensor, que podrá contar con un “servicio de mediación”, de cuya gestión se encargará un asesor.

“La mediación se entenderá como aquel medio de solución de controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por si mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”, recoge la nueva redacción del reglamento del Defensor del Pueblo. Esta mediación responderá en todo caso “a los principios de voluntariedad en todas las fases, igualdad de oportunidades de las partes, imparcialidad de la institución, neutralidad del mediador y confidencialidad del procedimiento y de la documentación utilizada”.

Deberá contar con la conformidad de las dos partes afectadas, que también podrá ser la administración pública. “La mediación administrativa se desarrollara entre la Administración pública competente y colectivos de ciudadanos y ciudadanos, otras administraciones o entidades públicas, o una persona física o jurídica, si en este ultimo supuesto, la institución considera que el asunto presenta relevancia para el interés general, social o comunitario”. La mediación podrá partir también a propuesta del propio Defensor, y los acuerdos que se alcancen tendrán los efectos que determine el ordenamiento jurídico para cada caso. Para el ejercicio de estas funciones, el Defensor del Pueblo “podrá auxiliarse de mediadores externos o suscribir convenios con asociaciones de mediación”.

“La mediación adquiere cada día un peso más importante en la consecución de la justicia y en la resolución de conflictos. Es innegable su consideración como una vía complementaria mediante la presentación y en su caso asunción voluntaria de las partes de soluciones que pueden ser satisfactorias para sus pretensiones”, justifica el propio Defensor, Javier Enériz, en su propuesta al Parlamento.