Geroa Bai ve el aval del TC a la ley de 'abusos policiales' como un respaldo a su labor en derechos humanos

Critica "la sistemática judicialización de la política a la que recurren determinados grupos políticos, como en este caso PP, Ciudadanos (socios de Navarra Suma) y Vox"

18.05.2021 | 17:39
Vista general del hemiciclo durante el Pleno del parlamento en el que se debate la proposición de ley para el reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Geroa Bai ha afirmado que el aval del Tribunal Constitucional a la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos "respalda la labor iniciada en la legislatura pasada y desarrollada también durante la actual en materia de paz, convivencia y derechos humanos".

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La coalición ha lamentado en una nota que "la judicialización de la ley haya podido crear un dolor añadido a las víctimas y sus familias" y ha criticado "la sistemática judicialización de la política a la que recurren determinados grupos políticos, como en este caso PP, Ciudadanos (socios de Navarra Suma) y Vox".

Para Geroa Bai, "esta ley venía y viene a suplir una carencia producida durante años de olvido, y una deuda que desde las instituciones se tenía y se tiene con las familias de víctimas como Mikel Zabalza, Gladys del Estal, José Luis Cano o Germán Rodríguez, así como con toda la sociedad navarra, ya que no fue hasta la legislatura pasada cuando se empezaron a desarrollar de forma estructural y sistemática políticas públicas de memoria, justicia, reconocimiento y reparación".

La coalición considera que dicha norma "responde a la necesidad ética y política de buscar la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas de la violencia, independientemente de su contexto victimológico". A su juicio, el aval del Tribunal Constitucional a la ley "supone un importante paso en el deber de memoria de las instituciones a la hora de atender a personas que han sufrido vulneraciones graves de derechos humanos en contextos de motivación política".
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