ste pasado miércoles, la presidenta de la Comisión Europea viajaba a Madrid para comunicar la aprobación del plan de recuperación y resiliencia del Gobierno de España. Von der Leyen y Sánchez se fotografiaron sonrientes para dar fe de la luz verde de Bruselas a la llegada de las ayudas directas de la Unión Europea para que España salga de la crisis provocada por la pandemia y, además, lo haga haciendo posible los dos grandes ejes estratégicos europeos: la transición ecológica y la transformación digital. Se hará un primer desembolso de 9.000 millones de euros a los que se le añadirán 10.000 millones más a finales de año. España ha pedido 69.500 millones de euros, que se irán recibiendo a medida que el país vaya alcanzando los hitos y objetivos previstos. A cambio condiciones: tres reformas estructurales -laboral, pensiones y fiscal-.

El plan ha pasado el examen de Bruselas con buena nota, concretamente, obtiene la máxima nota de Bruselas en diez de los once criterios. Solo ha recibido una nota menor en el restante, que analizaba la estimación del coste de cada una de las más de 200 reformas e inversiones contenidas en el documento. Sin embargo, el maná europeo no ha empezado aun a llegar y ya tenemos un primer contratiempo: el Gobierno había presupuestado para este año 27.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU y finalmente van a ser 19.000 millones. Ello forzará a reformar las cuentas del Estado para ajustarse a estas nuevas cifras, pero conviene advertir un hecho mucho más relevante y es que al haberse condicionado los fondos a convenios ministeriales, todas las partidas deben incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, lo que obliga al presidente Sánchez a aprobar sí o sí los del año 2022, sin prórroga posible de los de 2021.

Tal vez por eso la presidenta de la Comisión hizo especial hincapié en la necesidad de contar con un amplio consenso político en España para la correcta ejecución del plan. En pocas palabras: el papel lo aguanta todo, pero Bruselas mirará con lupa los hitos de cumplimiento del mismo, proyecto a proyecto. De ahí, que el propio presidente Sánchez anunciara en la rueda de prensa del feliz alumbramiento de los fondos para España, una reunión en julio con los presidentes autonómicos para llegar a un acuerdo sobre el porcentaje y modo de reparto de las ayudas territorialmente. Hoy por hoy, más allá de los problemas con las Comunidades Autónomas, son los Ayuntamientos y sus alcaldes los que están en pie de guerra contra Moncloa por la exigua cantidad que se les destina, un 5%. Será preciso, pues, un doble trabajo político, el de los partidos en el Congreso de los Diputados y de los líderes territoriales autonómicos y municipales.

La otra gran preocupación respecto a la capacidad de España de absorber adecuadamente los fondos, se refiere a la cuantiosa cifra que supone- 69.500 millones en ayudas directas y otros 70.000 millones en préstamos si se consideraran necesarios- y el corto plazo para la realización de los proyectos, entre 2021 y 2023. Partimos de precedentes nada halagüeños, si tenemos en cuenta que España en los últimos presupuestos de la UE ha dejado de ejecutar casi el 30% de lo concedido. Además, los nuevos fondos requieren de presentación de proyectos de tipología también novedosa, pues, la transición ecológica y la transformación digital que suman casi el 70% de todo lo que llegará a España, requieren una colaboración pública privada con capacidad de implementación rápida. Por último, es muy cuestionable que el actual aparato burocrático de las actuales administraciones central, autonómica y local, tenga suficientes recursos materiales y debida formación para asumir la ingente tarea de licitar los proyectos. Recurrir a la contratación externa de grandes consultoras como ya se anuncia, seguramente será imprescindible, pero corremos el riesgo cierto de que no se produzca la debida capilarización en el segmento pyme de las ayudas. En definitiva, tenemos los primeros miles de millones de euros, pero ahora toca ponerse a la faena y es mucha.