Memorialistas navarros reclaman valentía al Estado

Los colectivos navarros, en un texto llamado Memoria y justicia, ¡aquí y ahora!, reconocen que la norma contiene “avances importantes”, pero también debes concretos. Entre los aspectos positivos, que el Estado, a diferencia de la ley de 2007, se pone al frente de las iniciativas y emprende, con sus propios medios, actuaciones como la creación de un banco de ADN o la elaboración de censos más amplios y concretos. Entre los puntos a mejorar, que el Gobierno diseña la ley en un esquema en el que algunos puntos siguen siendo incuestionables: la vigencia de la ley de secretos oficiales franquistas -eterna reforma pendiente, hoy también en debate-, la imposibilidad de investigar penalmente a los instigadores y ejecutores de los crímenes -no solo asesinatos, también torturas y expolios económicos- y, sobre todo, la sensación general de que es una ley simbólica sin consecuencias prácticas.

Puntos que los colectivos navarros creen que tienen que corregirse, en la línea de lo que también reclama la coordinadora general Ceaqua, que desgrana en un documento de 11 páginas los puntos de mejora, con especial hincapié en la limitada noción de justicia de la norma.

De momento, la futura Ley de Memoria Democrática -así va a denominarse- es un anteproyecto sobre el que ya se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial. El martes, si así lo decide el Consejo de Ministros, el anteproyecto será ya ley, y se remitirá al Congreso de los Diputados para que empiece el proceso de enmiendas. Es ahí donde los colectivos navarros quieren que se negocien los cambios, razón por la que apelan directamente a “los representantes en el Parlamento de Navarra y el Congreso español” para que lleven más allá el texto inicial.

Las propuestas son ambiciosas. Son alternativas a “los reconocimientos institucionales parciales e insuficientes” que denuncian los firmantes, que tienen claro dónde está el punto clave de la cuestión. “En la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura y la Transición”.

El anteproyecto precisa en su punto número 30, relativo a la búsqueda de la justicia, que el Estado velará por el derecho a la investigación no solo de las vulneraciones durante el franquismo, también “desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución Española”. Esto, por ejemplo, haría posible retomar la investigación de los sucesos de Sanfermines de 1978, siempre entorpecida.

Pero ni muchísimo menos se puede ser optimista. En un documento explicativo, la Ceaqua denuncia la ambigüedad del artículo 30, ya que ni se explica “cómo pretende garantizarse ese derecho a la investigación ni qué procedimiento se va a utilizar para ello”. El equipo jurídico de la Ceaqua recuerda que el Estado lo que quiere poner en marcha son expedientes de jurisdicción voluntaria, con muchísimo menos alcance. “Se pretende dar una clara orientación a la investigación judicial de los crímenes internacionales que se cometieron durante la dictadura y la Transición, quieren tramitarlos por medio de un expediente de jurisdicción voluntaria que en el mejor de los casos y siempre que no exista oposición por parte de nadie se obtendría una resolución judicial civil meramente declarativa, ineficaz y sin impacto penal alguno”. De hecho, “en ninguna parte del anteproyecto se cita expresamente que el ejercicio de acciones legales se hará ante un orden jurisdiccional penal, expresión que se omite”, denuncian desde la coordinadora general. Medidas poco eficaces que se suman a la categoría de reparaciones, que se quedan en “declaraciones y símbolos bastante inefectivos”.

¿Qué mejoraría el texto, entonces? Los colectivos navarros hacen un listado. En primer lugar, habría que “modificar, derogar o anular la ley de amnistía de 1977. Después, modificar el Código Penal para incorporar al mismo el principio de legalidad internacional, lo que abriría la puerta a que segundos países entraran a enjuiciar lo que no quiere el Estado. Los colectivos navarros también piden que el Estado español ratifique la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Y los últimos tres puntos son los que más involucran a las instituciones forales. Los colectivos piden al Estado que se transfiera “la plena competencia para que nuestras instituciones puedan crear comisiones de investigación y de la verdad en relación con los crímenes contra la humanidad del franquismo”. Algo que ha cogido cierta relevancia pública a raíz de que el Tribunal Constitucional haya avalado la comisión de investigación de torturas que prevé la ley navarra de abusos policiales. Las dos últimas peticiones también tienen que ver con aspectos que Navarra ya ha abordado antes que el Estado: la necesidad de modificar la ley de secretos oficiales y propiciar el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo. Precisamente, una petición que recientemente han puesto encima de la mesa Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E a través de una iniciativa parlamentaria reciente y que se debatirá en otoño.

Será entonces también cuando arranque el trámite de las enmiendas a la ley. Habrá que ver cómo ha quedado el texto final de la ley. La vicepresidenta, Carmen Calvo, fue cauta en unas declaraciones que hizo el jueves. No quiso abundar en los cambios del texto y pidió paciencia hasta que se conozcan la semana que viene. Pero sí que adelantó que el Ejecutivo mantendrá uno de los puntos sobre los que el Consejo General del Poder Judicial mostró dudas: creer que asociaciones como la Fundación Francisco Franco enaltecen los totalitarismos por el mero hecho de existir. Calvo dijo que el Gobierno mantendrá esa consideración en la ley. Y sobre todo lo demás habrá que esperar a ver el texto completo. Las enmiendas dependerán ya de la voluntad política real para hacer efectiva, y no simbólica, la ley de memoria.

Asociaciones

Sanfermines 78: Gogoan!

Ahaztuak 1936-1977

Altsasu Memoria

Areka Elkartea

Asociación Memoria Histórica Andosilla

Asociación Memoria Histórica Mendavia

Autobús de la Memoria

Amapola del Camino

Erriberri por la Memoria

Fosas del Perdón

Fundación Altaffaylla

Comisión de Memoria de Puente la Reina

Euskal Memoria

Orreaga Fundazioa

Osasunaren Memoria

Pueblo de las viudas Sartaguda

Grupo Ramón Bengaray

Teileriako Ahaztuak

Memoriaren Bidea

Apoyo sindical. ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru, CGT y Ehne también apoyan las medidas promovidas desde Navarra.

Grupos sociales. El texto también está firmado por Ehgam, Emakume Internazionalistak, Martes al Sol, Mugarik Gabe, Sasoia y Sos Arrazakeria.