Para Sara González (Sant Celoni, 1985), autora del libro ‘Per raó d´Estat’, pervive una “cultura policial” que “se sigue moviendo en los márgenes de la democracia”, “incómoda o inconveniente” de combatir para los ministros de Interior.

Usted ha indagado en la llamada ‘razón de Estado’, sinónimo de ausencia de democracia. Un ministerio importante en estas lides históricamente ha sido el de Interior.

-Existe una pauta que se repite en el tiempo contra lo que el Estado entiende como disidencia política, y en eso tiene mucho que ver el Ministerio del Interior. Cuando movimientos de alguna manera ponen en jaque el statu quo, el orden establecido, como pueden ser el independentismo, la izquierda alternativa, el anarquismo, la inmigración, o incluso en los últimos años el feminismo, hay una serie de resortes que se activan desde el Ministerio del Interior para que esos movimientos sean perseguidos. No es que se vaya contra una persona en concreto, sino que lo que se busca es instaurar el miedo, desactivar unos movimientos que están tomando fuerza y amenazan esa mal llamada razón de estado. Porque debería ser algo que beneficiase a toda la ciudadanía, pero en realidad al final lo que se defiende es un interés de unos pocos, de esa oligarquía y deep state o estado profundo. Hay quien lo llama cloacas, que sobre todo preservan su propia continuidad y poder. Al final, no es el Ministerio de Interior por si solo.

Afirma que estamos ante un entramado.

-Por un lado hay una pulsión política claramente conservadora, también una legislación excepcional fruto de 40 años de lucha contra el terrorismo de ETA. El problema es que esa excepcionalidad ha permanecido en el tiempo a pesar de que la organización terrorista ya no existe. También hay una determinada manga ancha policial para elaborar los sumarios, a veces hay algunos que cuesta creer que se ajusten a la realidad. Hay una tendencia judicial a comprar acríticamente estos informes policiales y que milita claramente a la derecha, y finalmente un altavoz mediático que es pieza clave e imprescindible para el objetivo de estas operaciones de disuadir.

Me salen tres poderes fácticos, por lo menos.

-Por lo menos. El político, el policial, el judicial y el mediático. Y también el económico, lo estamos viendo ahora mismo en el caso del precio de la luz, pero lo denunció incluso Pedro Sánchez en su día cuando fue defenestrado de la secretaría general del PSOE. Él mismo de alguna manera destapó las cloacas. Es verdad que en su caso quizás el Ministerio del Interior no tuvo una participación directa.

El ‘Todo por la patria’ de los cuarteles tal vez sintetice la cuestión. “Todo” es todo.

-El comisario Villarejo dijo: “Con la madre y con la patria, con razón o sin ella”, viniendo a decir que con la ley o al margen de la ley siempre al lado. O Eugenio Pino, que dijo que habían hecho operaciones por España que harían poner “los pelos de punta”. O el propio Jorge Fernández Díaz, cuando le entrevisté para el libro, dijo que para evitar una catástrofe una persona debe morir, llámese razón de estado o como se quiera. En todo caso, no siempre hay una connivencia entre el Gobierno de turno y las maniobras de las llamadas cloacas. Una prueba de ello lo tenemos en estos momentos. El Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo por la coalición con Podemos, también ha sido víctima de estas cloacas del estado.

Pero da la sensación que en vez de abrir el asunto a fondo, recula o reduce la marcha.

-Porque tanto PP como PSOE han contribuido a que estas cloacas se mantengan en el tiempo. Si Pedro Sánchez quiere combatir las cloacas tendrá que empezar combatiendo en su propio partido, y por ejemplo preguntar cosas a Felipe González, que en 1988, en pleno escándalo de los GAL dijo que el Estado se defendía en las tribunas y en los salones, pero también en las cloacas. Claro, cuando eso implica costes políticos en tu propia casa, hay una actitud cobarde a la hora de combatirlas.

“Permanece una legislación excepcional fruto de 40 años de lucha contra el terrorismo de ETA”