- Los letrados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, acusados de liderar el frente jurídico de ETA, conocido como Halboka, reivindicaron en el juicio por el sumario 13/13 su “papel” y “responsabilidad” en favor de la “convivencia” en la sociedad vasca tras el cese definitivo de la actividad armada.

Así lo afirmaron este jueves en la Audiencia Nacional (AN) antes de que el tribunal presidido por Ángela Murillo dejase el juicio visto para sentencia. En el turno de última palabra ambos abogados resaltaron que el fiscal dijese en su informe que “ETA no ha desaparecido”, una aseveración que la principal acusada tachó de “irresponsabilidad”. “Me parece que el fiscal se abstrae de la realidad”, describió.

La Fiscalía pide para ella 19 años de cárcel por delito de integración en organización terrorista en condición de dirigente y otro por depósito de armas y explosivos, al serle encontrada en su despacho la ubicación de dos zulos. También elevó a definitiva su solicitud de entre 7 y 12 años de prisión para los abogados Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegui, así como para dos supuestas colaboradoras de ETA, Saioa Aguirre y Nerea Redondo.

Zulueta volvió a negar las acusaciones del fiscal, aunque admitió que ha ayudado “política y jurídicamente” a los “presos políticos” de ETA “asumiendo” que podía ser condenada por integración en organización terrorista -lo fue en 2020 por su participación en el conocido como frente de makos-.

La acusada declinó haber intervenido en los debates internos de ETA: “Nunca me he pronunciado”. Pero destacó que sí ha hecho aportaciones en el entorno de la izquierda abertzale para “dar pasos hacia la paz y la convivencia”, por ejemplo apoyando la declaración del pasado 18 de octubre en la que se reconocía el daño causado a las víctimas. La presidenta Ángela Murillo la interrumpió en varias ocasiones llegando a pedirle que no diese “un mitin sobre ETA”.

Enparantza criticó la “dureza” del fiscal en su informe. “No se puede mantener que ETA sigue existiendo, es una falacia”, destacando “el papel de los abogados en el contexto del año 2010 y posteriores”.

Ambos aseguraron que los alias que les atribuyen las acusaciones no hacen referencia a ellos.

Zulueta sostuvo que los dispositivos electrónicos en los que se encontraron documentos de comunicaciones entre los alias Marxel y Bixer -que la Guardia Civil vincula a la acusada- no eran suyos ni habían sido escondidos por ella.

Señaló también que no vivía en la casa donde fueron hallados, aunque reconoció haber estado allí porque visitaba a una persona a la que defendió como abogada.

Sobre el pendrive incautado tras un cuadro en su despacho y en el que se halló un plano de zulos en el monte Jara francés, reiteró que “no tiene sentido” haber escondido cosas “para sí misma”. “No eran escondites para la Guardia Civil”, zanjó.