El coronavirus ha sido el pretexto perfecto para que Instituciones Penitenciarias haya aplicado un régimen de aislamiento todavía más severo para los reclusos de las cárceles de Navarra, la CAV y el resto del Estado. Este sábado, una mesa de expertos realizó una “auditoría de la gestión de la crisis sanitaria”, que sacó como conclusión que en el debate entre salud y seguridad han salido perjudicados los derechos individuales de los presos. Esto se debe a que las medidas de prevención no han sido sanitarias -como recomendaban la OMS y otros organismos europeos-, sino únicamente restricciones. Mientras que las restricciones hablaban de periodos fuera de las cárceles para presos enfermos, el Estado trató de evitar la propagación del virus prohibiendo las visitas y las actividades.
El encuentro se celebró en Pamplona y estuvo organizado por la red SosPresoakCovid19. En él participaron Francisco Miguel Fernández Caparros, coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía; José Navarro Pardo, miembro del Sirecovi (Sistema de registro y comunicación para la protección de la Violencia Institucional); y June San Millán, de Salhaketa Nafarroa.
