Javier Onieva: "He visto que no hay voluntad política por atajar el fraude fiscal, hay mucha gente que vive de rebuscar en la ley para pagar menos"

05.03.2022 | 15:48
Javier Onieva, en un momento de la entrevista.

Javier Onieva, consejero de la Cpen, se acaba de jubilar tras cuatro décadas de trabajo para la Hacienda Foral, y se despide denunciando falta de medios y de énfasis en la persecución del fraude fiscal

Javier Onieva nació en Las Palmas, en 1959 pese a ser hijo de navarros. Su padre, director general de Hacienda del Estado, sacó las oposiciones a inspector en 1953 con destino insular. Onieva mamó la cuestión tributaria y fiscal desde niño, y "la vocación de justicia al servicio de la gente". Así que la suya se veía venir. Tras 39 años de ejercicio, ha puesto el punto y final en su trayectoria como técnico de Gestión para la Hacienda Foral en la sociedad pública Gestión de Deudas, en aquel entonces denominada Gedesa. Le entrevistamos el día de su jubilación, y fuera de celebraciones, Onieva deja un demoledor testamento crítico sobre la falta de recursos y las ineficiencias para perseguir el fraude fiscal en Navarra.
¿Qué sensación le deja jubilarse?
–La de haber ejercido una labor muy importante con unos resultados también importantes. Nosotros, en Gedesa, tenemos una valoración anual de nuestro trabajo, al contrario que en la Administración. Yo tengo las cifras de los millones que he recaudado y de lo que he costado a la Administración, y con eso me he hecho una composición de la importancia de invertir en recursos humanos para la gestión de la lucha contra el fraude fiscal. Estoy contento de lo que he hecho, y creo que mi labor ha sido en beneficio social.
Beneficio que ha tasado.
–Yo he cobrado para Hacienda a lo largo de mi carrera profesional alrededor de los 20 millones de euros, y le he costado a la Administración un poco más de un millón. Por cada euro que han gastado conmigo, yo les he devuelto veinte. Si mira estudios de asesorías u organizaciones económicas y fiscales, viene a ser lo que se dice que en la inspección y en la gestión, por cada euro que se invierte, se viene a devolver de veinte a treinta. Con lo cual, la inversión en capital humano es fundamental, pero desde los inicios de los años noventa no se ha invertido nada. Es una sensación agridulce que me llevo; el esfuerzo que hemos hecho y que están haciendo continuamente los técnicos, gestores y administrativos en el departamentos de Hacienda, no se corresponde con la ayuda que deberían prestar las direcciones, y con las directrices políticas que desde hace treinta años se vienen dando en la lucha contra el fraude fiscal.
¿Cómo ha evolucionado la sociedad navarra desde los ochenta respecto a sus niveles de riqueza, de desigualdad, o de ingeniería fiscal?
–Entré a trabajar en el 83, hubo siete años que fueron un tsunami con toda la corrupción que tuvo Urralburu y el Partido Socialista, donde el Departamento de Hacienda quizá podría haber inspeccionado o investigado antes, pero miró para otro lado. En el año 91 se produjo otro tsunami dentro de Hacienda, que es lo que marca la dirección hasta ahora. Al entrar UPN en el poder, se formó un plante por todos los directivos, incluido el director general de entonces, y los técnicos, donde firmaron un escrito negándose a trabajar si no se cumplían una serie de condiciones, sobre todo económicas y también laborales. Eso llevó al consejero de UPN Javier Pomés a dimitir. A partir de entonces, UPN dejó el manejo de la dirección de Hacienda a los directores que se habían sublevado. A lo largo de los noventa, prácticamente, hasta 2015 incluido, con el Gobierno del cambio, ha estado dirigida por esos directores. Con una ideología imperante liberal, dentro de ese liberalismo que se extendió por Europa de barra libre, privatizaciones y, desde luego, muy poco ánimo en la lucha contra el fraude fiscal. En estos treinta años hubo un boom económico en los años noventa, y Hacienda se dedicó a gestionar el Presupuesto. La evolución de los medios informáticos ha sido bestial. Nosotros hacíamos las solicitudes de embargo o las diligencias a máquina. Se ha puesto una facilidad a los contribuyentes para que hagan las declaraciones de renta, facilitando la colaboración al contribuyente. Pero por otro lado se ha dejado totalmente de lado investigar y luchar contra el que defrauda. Con esto se crea un ambiente en el que la sociedad cree que el fraude fiscal en su mayor parte está en el pequeño autónomo y en los migrantes que cobran una subvención cuando están trabajando. Se conceptualiza que el fraude viene por las categorías inferiores dentro de la sociedad, cuando el estudio que se hizo en la Universidad Pública nos demostró que un 70% de ese fraude lo hacen las grandes fortunas y las grandes empresas.
Marcos liberales que penetraron desde los ochenta.
–De los ochenta a los noventa veíamos un florecer económico, un desarrollo y modernización en la comunidad. Se asumieron competencias de salud, que conllevaban un mayor gasto para las arcas forales. Hacienda hizo unas reformas fiscales de cara a la recaudación. Pero ese boom económico también trajo consigo un dinero que atrajo los casos de corrupción de dirigentes encargados de llevar a cabo todas estas reformas, pero que cayeron en el beneficio de las grandes empresas y corporaciones, el beneficio propio y la evasión y elusión de impuestos. Una dinámica frente a la que a lo largo de todos estos años no se ha puesto el suficiente énfasis en Hacienda para atajarla.
Ha denunciado en un artículo en nuestro periódico que "más allá de resoluciones y proclamas grandilocuentes", los consensos frente al fraude "jamás se han llevado a la práctica".
–Desde 2007 se han hecho tres planes de lucha contra el fraude fiscal. Corta y pega uno del otro. Las doscientas proposiciones que hacen no dejan de ser iguales que el plan de inspección y recaudación que se presenta cada año. Esos planes partían de que el fraude fiscal existía, que había que atajarlo, pero que no tenía una importancia económica muy sublime. Hubo consejeros y gerentes que en 2012 dijeron que era residual.
En plena crisis económica.
–En plena crisis económica y con un volumen de fraude que hace tres años la Universidad Pública evaluó en un estudio. En Navarra el dinero que se pierde es de 541 millones al año, ochocientos euros por persona que no tendrían que pagar si eso se recaudase.
Esto debería generar una sacudida en la opinión pública.
–La prueba de que no se cumple nunca la tenemos en que la medida estrella de todos los planes es el aumento de personal. Cuando en 2020 presentó el estudio del fraude fiscal Elma Saiz, propuso que iba a doblar la plantilla. Eso lo propuso también en 1999 el consejero de UPN, Francisco Iribarren, cuando convirtió el Departamento de Hacienda en organismo autónomo, y dijo que iban pasar de 29 inspectores que había entonces a 50. Bueno, hoy hay 25 inspectores, entre técnicos y gestores. Llevamos en una horquilla de 25 a 30 desde 1999 hasta ahora.
En ese artículo dice que el Gobierno de Barkos "propició el incremento de medios humanos".
–El Gobierno del cambio puso un consejero que a la vez era un técnico. Por primera vez un consejero era técnico, a su vez era director de servicio cuando el golpe de los directores en 1992. Mikel Aramburu tenía un carácter progresista que le honra y se involucró en política, cosa que no hace ningún técnico ni gestor en Navarra. Acabada la legislatura, en una entrevista vino a decir que se podía haber hecho más en la lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo, la propuesta que se hizo por parte de Orain Bai (corriente interna de Podemos) la aceptó y metió un millón de euros, pero las oposiciones de Hacienda llevan su trámite y contratar personal lleva su tiempo. Ahora han dicho que van a doblar la plantilla, han convocado diez plazas de técnico, se ha hecho el primer examen, se han presentado setenta, y han aprobado el primero cinco. Es imposible doblar con el sistema que hay de oposiciones. Pero Mikel Aramburu potenció el incremento de personal a través de la empresa pública Gedesa. La partida de lucha contra el fraude fiscal que hizo Hacienda sirvió para contratar siete técnicos. Una vez que Aramburu dejó el cargo, en estos dos últimos Presupuestos la partida de un millón se ha bajado a la mitad. Cuatro técnicos de Tracasa han dejado de trabajar, puesto que Hacienda no ha pasado dinero. Y la sección que se dedicó en Gedesa a trabajar por las derivaciones de responsabilidades, y que en un año pasaron a sacar a la luz de un millón y medio a once millones en expedientes, al quitar la partida desapareció el año pasado.
En el mes de enero entrevistamos a la consejera Elma Saiz. Dijo que "el compromiso contra el fraude fiscal y la economía sumergida es firme", y destacó refuerzos en recursos humanos, informáticos e intercambios de información.
–Son palabras. Los recursos humanos son el aspecto fundamental. En cuestiones informáticas se aumenta la información, pero en la práctica, los sistemas informáticos, en estos temas sobre todo, están totalmente congelados. Pero cuando en los medios humanos en tu legislatura rebajas a la mitad una partida que la legislatura anterior era de un millón de euros para la lucha contra el fraude fiscal, una partida que se dedicaba a contratar gente...
¿Por qué está pasando esto?
–El criterio que tengo, visto desde dentro, es que los consejeros y por ende, los partidos políticos que dependen de los consejeros, en estos años han estado a expensas de los directores de departamento. La política de lucha contra el fraude fiscal la han marcado, más que los partidos políticos, los directores de los departamentos de Hacienda.
Que estarán cercanos a la jubilación...
–La esperanza que me queda es que ha venido a despedirme por mi jubilación una hornada de técnicos de Gedesa que tienen una media de 30 años, que han entrado en los últimos cinco años. Espero que se involucren un poco, y vean para qué es el trabajo y reivindiquen las necesidades que tienen para poder desarrollarlo mejor. Que no se dediquen solamente a cumplir con los objetivos. Efectivamente hay una generación que se está retirando. También hay asesores privados que anteriormente han sido directores gerentes de Hacienda. Estas personas, que llevan asesorías fiscales muy importantes, están continuamente, no hay más que ver los periódicos, dando doctrina de cómo tiene que ser la fiscalidad también ante el actual director gerente de Hacienda y con la consejera.
¿Falta un 'think tank' progresista en Navarra?
–Sí, un 90% de asesorías van a un esquema liberal de elusión fiscal. En la comisión de lucha contra el fraude fiscal, que la potencia Hacienda, están metidos la Confederación de Empresarios, las asesorías fiscales... Es imposible que funcione. Yo he estado, y nunca se pone a dar medios para luchar contra el fraude fiscal porque hay mucha gente que vive, no digo del fraude, sino de la elusión, de rebuscar en la ley para pagar menos. En el día a día ves que no hay voluntad política por atajar este problema.

SUS FRASES


"Por cada euro que se invierte en la lucha contra el fraude fiscal, se recuperan de veinte a treinta"

"En Navarra, según la Universidad Pública, el dinero que se pierde por fraude es de 541 millones al año"

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