Moncloa actuará si el Govern se salta el 25% de castellano en las aulas

Sánchez haría un requerimiento o interpondría un recurso contra un posible incumplimiento

29.03.2022 | 00:21
Pere Aragonès y Patrícia Platja, el pasado fin de semana en Pedralbes. Foto: E. Press

MADRID – El Gobierno español sostiene que "no parece razonable iniciar ninguna actuación basada en suposiciones" relativas a que la Generalitat vaya a incumplir la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 25% de castellano en las aulas catalanas, pero recuerda que el Estado puede realizar un requerimiento y, en su caso, interponer un recurso ante los tribunales. Así lo indica el Ejecutivo en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria formulada por el PP en el Congreso, donde se interpela al Ejecutivo sobre qué medidas tomará para hacer cumplir la ley en caso de incumplimiento por parte del Govern.

La conselleria de Educación notificó el 25 de marzo al TSJC qué acciones desarrollará respecto a los usos lingüísticos en el sistema educativo catalán. Ese día terminaba el plazo de dos meses, pasado el cual se puede pedir la ejecución forzosa de la sentencia del TSJC que fija un 25% de castellano en las aulas. Desde Moncloa subrayan que será la Generalitat la que "deberá ejecutar la sentencia en los términos que le indique el TSJC".

respetar las sentencias En este sentido, añade que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que "las administraciones públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes".

Por otro lado, subraya que algunas de las funciones de la Inspección Educativa –que es competencia de las distintas administraciones educativas– "son velar por el cumplimiento en los centros educativos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que afecten al sistema educativo así como supervisar el funcionamiento de los centros educativos, la práctica docente y la función directiva".

"La Alta Inspección, por su parte, en cumplimiento de sus funciones establecidas en el artículo 150 de la LOE, analiza y supervisa el desarrollo que de la normativa básica realizan las comunidades autónomas, sin que pueda llevar a cabo medidas ejecutivas y/o sancionadoras de lo que ocurre en los centros educativos", recalca el Gobierno.

Por último, indica que si una comunidad autónoma dictara normas que "supusieran la vulneración de la legislación básica, incluido lo referido al aprendizaje de las lenguas, el Estado pondría en marcha los mecanismos de garantía de los que dispone y que son ejercidos desde el inicio de la andadura democrática: el requerimiento y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo y, en los supuestos de normas con rango de Ley el recurso de inconstitucionalidad". Entre las iniciativas previstas por la Generalitat destacan la polémica proposición de ley del PSC-Units, ERC, Junts –que luego se desolgó– y comuns para modificar la Ley de Política Lingüística y mantener el catalán como vehicular en el sistema educativo, incluyendo al castellano como lengua de aprendizaje.

pacto por la lengua

erc se abre a una modificación

Fase de enmiendas. Esquerra está abierto a hacer "alguna pequeña modificación" a la proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística que impulsaron en el Parlament PSC-Units, ERC, Junts y comuns y de la que el partido de Carles Puigdemont se desvinculó horas después. "Como todas las tramitaciones, tendrá su periodo de enmiendas. Veremos si se puede introducir alguna enmienda que haga estar más cómodos a todos", aseguró la secretaria general adjunta y portavoz de los republicanos, quien recordó que ninguno de los cuatro grupos parlamentarios se ha retirado de la proposición de ley: "Solo hay que mirar el registro del Parlament", señaló en clara alusión a JxCat.

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