madrid. El Gobierno está estudiando la posibilidad de extraditar a los piratas del Alakrana, según confirmó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, extremo que no quiso comentar el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien sí afirmó que "la situación puede estar encauzada". Según varias fuentes, el Gobierno estaría ya negociando con el Ejecutivo somalí la firma de dicho convenio. Se daría así una salida a la exigencia de los piratas de que sus dos compañeros regresen a Somalia, para lo cual sería necesario firmar un convenio bilateral con dicho Estado.

En este sentido, Caamaño recordó que no existe convenio de extradición con Somalia y subrayó que lo que está claro es que los detenidos deben ser juzgados y el hipotético convenio debe cumplir con todos los requisitos del Estado de derecho, con lo que si los piratas son enviados a Somalia los jueces españoles deberían poder supervisar el juicio que se celebre en ese país.

En rueda de prensa en Sopot (Polonia) tras la VI Cumbre hispano-polaca, Zapatero no quiso comentar las negociaciones en marcha ni la hipotética extradición a Somalia de los piratas detenidos en España, pero sí aseguró que "el Gobierno sabe lo que hace" ante el secuestro.

En parecidos términos se pronunció el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien aseguró que hay "vías legales" para resolver el conflicto del secuestro y que en ningún caso hay que ceder al chantaje de los piratas. Sin embargo, señaló que hay dos cuestiones en juego. Por un lado, la aplicación de la ley y, por otro, el respeto a las víctimas, por lo que "hace falta una gran dosis de responsabilidad en todos, tanto en los medios de comunicación como en la clase política".

Garzón no reveló cuales son esas "vías legales para resolver el conflicto", porque no es a él a quien corresponde tomar la decisión, y solo ha expresado su opinión como jurista que interpreta la ley.

Sobre la situación en la que se encuentra la tripulación, que hoy cumple 40 días de secuestro, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró que se encuentra bien dentro del contexto, y que el buque cuenta con víveres y agua.

Espinosa rechazó las informaciones llegadas desde el buque que apuntaban el peligro de quedarse sin comida y agua y aseguró que el Ejecutivo ha podido comprobar que eso "no es cierto" y el pesquero cuenta con víveres para subsistir.

La ministra explicó que esta información fue trasladada inmediatamente a las familias de los secuestrados, ya que suponía una de sus mayores "angustias", y defendió la relación que ha tenido con ellas el Ejecutivo.

el pp apoya ahora al gobierno Por otro lado, el Gobierno valoró de forma positiva las declaraciones de la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien consideró ayer que lo que tiene que hacer el Gobierno en relación al secuestro del atunero Alakrana es traer a los tripulantes "sanos y salvos" y una vez que eso suceda hacer "todo lo que tenga que hacer para que estas situaciones no se vuelvan a producir". En concreto, Cospedal dijo que el Ejecutivo "va a tener el apoyo del PP" para que "nuestros conciudadanos secuestrados vuelvan a España". "Y ahí me quiero quedar", agregó.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al Gobierno central que deje "todas las puertas abiertas posibles" para lograr una "salida" al secuestro. Feijóo se reunió con familiares de los secuestrados para manifestarles su "apoyo incondicional" y para explicarles que en la Xunta son "firmes defensores" de que el Ejecutivo central adopte "todas las posibilidades" para devolver a los marineros a sus hogares, ya que están actualmente retenidos de forma "ilegal" por unos "terroristas que están actuando sobre la integridad, de momento psicológica, de la tripulación".

El presidente gallego aludió también a las declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la posibilidad de que el asunto esté "encauzado" y confió en que estas manifestaciones "cristalicen", si bien destacó que quien tiene todos los datos para emitir un diagnóstico de la situación es el Ejecutivo central.