madrid - El Gobierno, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, reclamará a la Iglesia Católica los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público, los cuales pudo inscribir por la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP, que daba a esta institución la potestad de actuar como pública.

Así lo señala en una respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, que advirtió que serían “unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución”, señaló ayer el diputado, entre los que dijo que hay “iglesias, catedrales, plazas públicas, murallas, edificios históricos. En definitiva, de todo”.

De este modo, se llevará a cabo “una depuración física y jurídica” conforme al “derecho sustantivo material”, lo que significa que “la gran mayoría de los que ha inscrito la Iglesia a su nombre no son transmisibles, no se pueden adquirir por posesión, ni se pueden embargar”, continuó, ya que “queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica”.

Para el parlamentario, la solución “más rápida” pasaría por que la Iglesia “corrigiese el error de inmediato y de forma voluntaria diese de baja los registros”, ya que en caso contrario, el Estado “va a requerir de inmediato una rectificación de los registradores de la propiedad”.

Finalmente, en la respuesta se asegura que correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si el Estado tiene algún derecho sobre dichos inmuebles, siempre sometido todo ello al derecho a la tutela judicial efectiva. - Efe