Navarra respalda la derogación de la LOMCE pero pide ir más allá

Entre las modificaciones que propone el texto se encuentran que la nota de la asignatura de Religión dejará de ser computable para la nota media o que la Comunidad Foral gestionará el 45% del contenido que estudie el alumnado no universitario (el Estado marcará el 55%). En cambio, las comunidades autónomas sin lengua cooficial gestionarán el 35% del contenido.

El proyecto de ley fue aprobado el pasado 14 de diciembre por el Consejo de Ministros. El próximo martes 8 de enero, si se respeta la solicitud del Consejo Escolar del Estado, se remitirá al Congreso de los Diputados, donde la Mesa lo recogerá y abrirá el periodo para presentar enmiendas al texto por parte de los grupos parlamentarios, esto es, 15 días.

Esta nueva ley de Educación viene después de que el pasado 13 de diciembre se aprobaran varias medidas para revertir los recortes educativos derivados de la crisis económica. Estos fueron la eliminación del aumento de alumnos por aula, la supresión de incremento de la jornada de los docentes y que los profesores sustitutos podrán ser nombrados desde el momento de la baja del titular, sin que el centro tenga que esperar diez días.

El anteproyecto de reforma de la LOE, denominada ya Ley Celaá por la ministra que la está tramitando, derogaría la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como Ley Wert por el ministro popular que la desarrolló. Este nuevo texto afectaría a más de 8 millones de estudiantes que en este curso 2018-19 están matriculados en enseñanzas de régimen general no universitarias en el Estado. De los que en Navarra son casi 114.000 estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional y otros programas formativos.

reacciones

Periodo de enmiendas al borrador

Discrepancias ante la celeridad de la ley

En Navarra la comunidad educativa se muestra cauta a la hora de valorar las nuevas legislaciones educativas hasta observar hasta dónde abarca el nuevo texto. No obstante, María Solana, consejera de Educación, trasladó a la ministra Celaá que Navarra apoyará la derogación de la LOMCE. “A pesar de que hay cuestiones que se podrían mejorar, es importante frenar la LOMCE de una vez por todas y en eso le mostramos el apoyo a la ministra”, declaró el departamento por medio de nota tras la reunión mantenida en diciembre con la ministra de Educación del Estado.

Por su lado, la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi) y la asociación de Directores de Instituto de Navarra (ADI) no entran a valorar el texto sino que advierten de “la marginación de las direcciones escolares en la elaboración de las normas que afectan al sistema educativo. Se mantiene la recurrente dinámica de cambios normativos ligados a cambios políticos. Por tanto, sigue sin haber la suficiente voluntad de consenso que dé estabilidad al sistema educativo español”, declara el presidente de Fedadi, el navarro Alberto Arriazu. “La educación no puede seguir siendo una lucha partidista en la que el principal perjudicado es el alumnado y por extensión toda la comunidad educativa (...). Al margen de quitar o poner materias, cada vaivén normativo trae consigo modificaciones que afectan sustancialmente al trabajo del profesorado”, señala.

Desde otro ángulo, agrupaciones de padres y madres, como Herrikoa (por la escuela pública) y Concapa (Confederación Católica de Padres de Alumnos), muestran su satisfacción ante el mayor peso que estas asociaciones vuelven a tener en las gestiones de los centros. Sin embargo, discrepan en otros puntos. Concapa sostiene que “la LOMCE tiene aspectos positivos que habría que mantener” como “la evaluación externa con efectos académicos” ya que “es positiva para mejorar el nivel académico de los alumnos”. En Herrikoa, en cambio, no comparten esa visión e indican, además, la “perversión” del concepto de “derecho a elegir” la escolarización, que hacía que la administración debía sustentar “la elección” -con la llamada “demanda social”- e iba en perjuicio de la escuela pública, suponiendo creación de guetos.

Entre los sindicatos de docentes se muestran más tajantes. CCOO, por su lado, pide “celeridad” para derogar la LOMCE, llegando a solicitar un real decreto ley si fuera necesario. UGT requiere la necesidad de que la reforma incluya una memoria económica. ANPE, a nivel estatal, califica el papel de “solo una contrarreforma de la LOMCE y no la reforma global y profunda que necesita la educación en España”. De igual modo se muestra CSIF en un comunicado que indica que el anteproyecto “no da estabilidad al sistema y no recoge un currículo básico en todo el país ajustado a criterios pedagógicos y científicos”. STEILAS en Navarra, por su parte, señala la inquietud ante la nueva ley, puesto que “parece un maquillaje de la LOMCE” cuando el cambio debe ser más radical y “garantizar una educación universal, laica y gratuita, incluyendo el 0-3”.

novedades

Modificaciones de la LOMCE

Eliminar itinerarios o no evaluar Religión

La Ley Celaá contempla la eliminación de los itinerarios en la ESO o la “disminución de los índices de repetición” con medidas como la de permitir a alumnos cursar Bachillerato con una asignatura suspensa. Además estipula la recuperación de Filosofía en Bachillerato, la creación de la asignatura Valores Cívicos y Éticos -que se impartirá durante un curso de Primaria y otro de Secundaria- y que la asignatura de Religión deje de computar para la nota media. El texto también incluye la posibilidad de que las CCAA decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como lengua vehicular, con el objetivo de que el alumnado sepa expresar y comprender ambas lenguas al finalizar la Educación Obligatoria.

En otro orden de cosas, se elimina la conocida como “demanda social”, estableciéndose que debe priorizarse el cupo de las plazas públicas existentes. Será competencia de las Comunidades el desarrollo del régimen de conciertos a partir de la regulación general dictaminada por el Gobierno. Asimismo, cuando no existan plazas suficientes, se tendrá en cuenta para la admisión de los alumnos, entre otras circunstancias, las familias monoparentales o la condición de víctimas de terrorismo o de violencia machista.

Además, se devuelve el peso y responsabilidad a los Consejos Escolares en la elección de director, gestión y evaluación de los centros. En los concertados habrá un representante del ayuntamiento del término municipal donde se encuentre el colegio. En cuanto a la prueba de acceso a la universidad, se recupera la anterior a la LOMCE, donde para acceder a estudios universitarios era necesaria la superación de una única prueba que, junto a las calificaciones de Bachillerato, valorara los conocimientos adquiridos.

1. Ley General de Educación (LGE), 1970. Aún bajo la dictadura franquista, es la ley que estructuró el sistema educativo hasta los noventa: preescolar (con centros de párvulos de 4-5), educación obligatoria (de los 6 a los 14 años, EGB), Bachillerato (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria (COU), además de tres niveles de Formación Profesional (FP1, FP2 y FP3 -este último no llegó a entrar en vigor-). En el artículo 3 se expresaba que “a todos los efectos tendrá la consideración de servicio público fundamental”.

2. Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE), 1980. El acuerdo educativo alcanzado en la Constitución es ambiguo y permite, por un lado, proteger la escuela pública (“todos tienen derecho a la educación”) y por otro, el fomento de la privada (“se reconoce la libertad de enseñanza”). Esta ley fue obra de UCD -partido conservador- y tiende hacia la segunda opción. Fue recurrida por la oposición ante el Constitucional, que eliminó varios puntos. Uno de los más conflictivos fue el que establecía la libertad de elección de centro de acuerdo con las convicciones religiosas y filosóficas de padres, la libertad de cátedra o la libertad de creación de centro según un ideario educativo.

3. Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), 1985. Con un Gobierno del PSOE, y un largo debate parlamentario, esta ley estableció el actual régimen de conciertos (la subvención a los colegios privados para que impartan enseñanzas obligatorias gratuitas) a cambio de -novedad- contrapartidas. La LODE establecía “sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales”. Dictaba además “criterios prioritarios -como renta o proximidad al domicilio- para la admisión en centros públicos cuando no existan plazas suficientes”.

4. Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 1990. Esta norma resolvió, en apariencia, la convivencia de escuela pública y privada. Estableció la estructura hoy vigente de cursos y etapas y aumentó la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Fue aprobada en el congreso con los únicos votos en contra del PP y abstención de dos diputados de Unión Valenciana.

5. Ley Orgánica de Calidad de Educación (LOCE), 2002. Ley impulsada por el Gobierno de José Mª Aznar (PP) que no tocó la estructura anterior, pero abrió distintos itinerarios dentro de la ESO según rendimiento académico. En 3º se implantó la división entre quienes aspiraran ir a Bachillerato y quienes optaran por la Formación Profesional. En 4º, división de itinerario científico y humanístico. Se crearon los Programas de iniciación profesional (PIP) para estudiantes con dificultades. La norma fue criticada por la izquierda por la posible segregación temprana. Esta ley, además, otorgó carácter asistencial a la educación preescolar (de 0 a 3 años) y estableció que todos los alumnos estudiaran Religión o su alternativa (ambas computarían para la nota media).

6. Ley Orgánica de Educación (LOE), 2006. Con el PSOE de nuevo en el poder, esta ley mantuvo la estructura básica del sistema de cursos y etapas de la LOGSE y los centros ofrecían la asignatura de Religión como materia no puntuable y sin alternativa. Creó las asignaturas Ciencias para el Mundo Contemporáneo y Educación para la Ciudadanía. Esta última causó rechazo en la Iglesia católica y sectores conservadores por “adoctrinamiento”.

En 2010, el ministro de Educación socialista, Ángel Gabilondo, intentó un fallido pacto de Estado en materia educativa.

7. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 2013. Con la llegada del PP al Gobierno, se impulsa la polémica ley conocida como ‘Ley Wert’, hoy vigente y que vino acompañada de recortes a la educación pública. Este texto restablece los itinerarios y la Religión como materia puntuable; instaura reválidas al final de Bachillerato y ESO; asegura más control al Gobierno central sobre las materias troncales; da más poder a los directores y resta a los Consejos Escolares.

8. ¿Vuelta a la LOE?, 2019. La ley que en unos días, en enero, lleva el PSOE al Congreso de los Diputados pretende derogar la LOMCE y regresar a la LOE de 2006 con “una actualización y modernización” de la misma, según la ministra María Isabel Celaá.