Las víctimas de los abusos acusan al Gobierno de situar a la Iglesia por encima de la ley

“A los políticos españoles les falta valentía, están mandando el mensaje de que la Iglesia está por encima de la ley”, denunció Miguel Ángel Hurtado, impulsor de la campaña #elabusonoprescribe y primer denunciante del caso Montserrat. Este pidió que se amplíen los plazos de prescripción de este tipo de delitos para que los depredadores sexuales “no se vayan de rositas”.

Esta petición ya la llevaron a cabo en un acto en mayo de 2016, cuando entregaron 300.000 firmas en el Congreso. “Todos los partidos políticos se comprometieron a estudiar el tema para la próxima legislatura y la legislatura ha acabado y no han hecho nada”, lamentó Hurtado. A los políticos, criticó, “les entra por un oído y les sale por el otro” las peticiones que está haciendo desde las asociaciones.

causa “perdida” Se trata, por tanto, de una legislatura “perdida” en la protección a la infancia, mientras que día a día siguen saliendo nuevos casos de pederastia. “Depredadores sexuales que se van de rositas, abusando de decenas de menores durante décadas y no les pasa nada”.

Por eso, desde la Asociación Infancia Robada, a la que pertenece Hurtado, exigieron a los partidos una reforma urgente de la ley y que el plazo de prescripción de este tipo de delitos comience a contar a partir de los 50 años de la víctima, lo que significaría que estas tendrían tiempo de denunciar hasta los 55 años en los delitos leves y los 65 en los graves.

“Ellos dicen que se han reunido con víctimas, pero nosotros, que somos los que hemos denunciado ante los medios y la justicia no hemos tenido contacto con ellos”, aclaró, tras lo que indicó que, si les llamaran, los recibirían “encantados”. Según Hurtado, es una medida “de salud pública” que ha recibido el apoyo de más de medio millón de personas y que no consiste en castigar los delitos que ocurrieron en el pasado, sino en prevenir los delitos que puedan suceder en el futuro.

En este sentido, alertó de que, si no hay sentencia judicial, los depredadores sexuales no entran en el registro de delincuentes sexuales, y cuando quieren trabajar con niños pueden presentar un certificado de antecedentes penales sin mayores problemas.

El portavoz de las víctimas, que estuvo acompañado por el antiguo miembro de la comisión antipederastia vaticana creada por el papa Francisco, Peter Saunders, recordó a la Iglesia que existen directrices de la comisión de infancia de las Naciones Unidas con medidas concretas que pueden tomar para ayudar a las víctimas de abusos sexuales, como denunciar todos los casos a la fiscalía o a las autoridades civiles, así como cesar a obispos encubridores.

ejemplo de otros países Reclamó, a su vez, que la institución reconozca su responsabilidad o le dé una indemnización económica a las víctimas para que puedan acudir a terapia y rehacer su vida. “Falta voluntad por parte del Gobierno y de la Iglesia para actuar, mientras las víctimas siguen si poder acceder a la justicia y los niños españoles siguen en peligro”, señaló.

Además, puso el ejemplo de países como Chile, donde la Fiscalía está realizando registros en los Obispados y requisando los archivos, informes internos y expedientes canónicos de curas pederastas.

“La hoja de ruta está bien clara, lo que falta es la voluntad política del Gobierno y de la Iglesia. Mientras tanto las víctimas siguen sin poder acceder a la Justicia y los niños españoles siguen en peligro”, advirtió. Por último, Hurtado recordó que cada vez son más los países en los que este tipo de delitos no prescriben, como Canadá, Irlanda, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador, México, Holanda o Suiza. - E.P./Efe