La donostiarra María José Rubio Pérez, ahora con 61 años, acaparó portadas a mansalva de este periódico en los años noventa por su habilidad para el fraude y la malversación como funcionaria de la Delegación del Gobierno en Navarra, cargo desde el que se las ingenió para llegar a cobrar a través de distintas cuentas corrientes cientos de millones de pesetas, y de no haber devuelto 186 de esos millones (traducido, serían ahora mismo en torno a 1.120.000 euros) a dos empresarios. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra la condenó a doce años de cárcel y en 2001 el Supremo le rebajó en tres años la pena y se la dejó en 9. En aquella trama, el escándalo de la Delegación, también se condenó a su exmarido, José Manuel Gil Oslé, exinterventor del Parlamento navarro y hoy viviendo lejos en un consulado de EEUU, penado con siete meses de arresto por malversación y falsedad.

El tribunal absolvió, sin embargo, por falta de pruebas al exsecretario general de esa institución, Mariano Berduque, al que la Fiscalía y las acusaciones particulares consideraban cooperador necesario de Rubio en la obtención fraudulenta de más de 700 millones entre 1987 y 1993. Esta cantidad fue entregada por empresarios a los que se hacía creer que colaboraban en la lucha contra ETA bajo el pretexto de que los fondos reservados de Interior llegaban con retraso. Rubio devolvió la mayor parte de este dinero con intereses de hasta un 30%, pero se quedó con unos 200 millones, según el cálculo pericial.

Rubio hubiera pasado por ser una gran mancha en la hemeroteca de aquella Delegación del Gobierno, de la que José Luis Roldán había volado poco antes de que se conocieran las fechorías de la funcionaria, de no ser porque en los últimos dos días ha recuperado protagonismo al sentarse en el banquillo de la Audiencia de Logroño acusada de estafa continuada. La Fiscalía le pide ahora ocho años de prisión, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización millonaria (1,3 millones) por una trama inmobiliaria con una decena de afectados que, según detalla la Fiscalía, urdió junto a su expareja “para obtener un ilícito beneficio económico a costa del patrimonio ajeno”. Por ello se reclama la misma pena para quien fuera su pareja, el pamplonés V.B.C. Lo mejor del caso es que dos décadas después, Rubio tramó, según la acusación del Ministerio Público, una red de mentiras basadas en la confianza que las víctimas le otorgaban sin dudar. Y ello la puede poner otra vez entre rejas. La acusada cometió presuntamente la estafa aprovechándose de que alcanzó entre junio y diciembre de 2011 el cargo de decana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, lo que según el relato de la Fiscalía le servía de credibilidad ante las víctimas y también se aprovechó de ello para establecer un círculo de amistad con los profesionales pertenecientes al Colegio.

De esta forma, presumiendo de un currículum como psicóloga que era filfa, a la vez de acompañar de relatos de ficción las confesiones que efectuaba ante algunas de las víctimas, que en el juicio recordaron que era como una forma de que se apiadaran de ella, Rubio fue aparentando solvencia económica ante varias personas de su confianza a las que propuso la adquisición de inmuebles a través de la inmobiliaria de la que decía ser propietaria y de las sociedades mercantil Rubiobat y Rubiomar, constituidas por el otro acusado. Les llegaba a convencer de que el negocio era seguro y de que a a cambio de la inversión en los negocios inmobiliarios, llegarían a obtener unos intereses del 50%. Entregaba para ello pagarés sin fondos, para acrecentar que la operación era real, y en algunas ocasiones simulaba ser la propietaria de unos pisos cuando en realidad no lo era y aún así sellaba una venta que nunca llegaba a materializarse.

HUIDA Y TSUNAMI Con la sentencia en Navarra se le inhabilitó a Rubio durante una década para el desempeño de cargo público. Y, al empezar a ser destapada su estafa, Rubio huyó de Logroño y la junta del Colegio de Psicólogos, que desconocía su pasado delictivo, dimitió en bloque ante el temor de la situación que podía haber creado su decana por entonces. El terremoto llegó a tsunami. Estafó a diez víctimas con cantidades muy importantes y el agujero que dejó fue gigante. Ella defiende su inocencia y dice que ya ha pagado por malversar. Que todo se le ocurrió al jefe de la inmobiliaria y que ella no era. En el escándalo de la Delegación decía que el delegado estaba detrás de todo el ajo y de poco le valió.

La acusada. María José Rubio Pérez, donostiarra de 61 años, se sentó ayer y anteayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Logroño acusada de un delito continuado de estafa. La Fiscalía le pide ahora ocho años de prisión, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización millonaria (1,3 millones) a los afectados por una trama inmobiliaria que, según detalla la Fiscalía, urdieron ambos “para obtener un ilícito beneficio económico a costa del patrimonio ajeno”. Se trata de un delito continuado de estafa.

Al igual que en el caso de la Delegación, se valió de su cargo público, ahora como decana de los psicólogos. Entre junio y diciembre de 2011, la acusada fue decana del Colegio de Psicólogos de La Rioja y aprovechó tal condición para ganarse la confianza de los que luego fueron víctimas.