Barcelona - El violador reincidente Tomás Pardo reconoció ayer ante la Audiencia de Barcelona que en 2016 agredió sexualmente e intentó matar a cuchilladas a una mujer en Castellbisbal, Barcelona, durante un permiso penitenciario que se le concedió cuando cumplía condena por un ataque similar a Montse, otra mujer, en 2002. Esta se concentró, junto a otras mujeres y hombres, a las puertas del Palau de Justícia de Barcelona. “La justicia es culpable de lo que ha ocurrido y el sistema penitenciario ha permitido que vuelva a salir y a atacar. No tengáis duda de que lo volverá a hacer”, aseguró.

El juicio contra el violador de Martorell se celebró en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona, donde la Fiscalía mantuvo su petición de 70 años de prisión, así como el pago de una indemnización de 70.000 euros a la víctima por un delito de detención ilegal, otro continuado de agresión sexual, asesinato en grado de tentativa y robo con intimidación. Este caso reabrió el debate sobre la rehabilitación de los agresores sexuales en la cárcel.

En su declaración, Pardo, que fue detenido el 31 de octubre de 2016 a raíz de una llamada de emergencia que logró enviar la víctima, admitió el secuestro, violación e intento de asesinato que la Fiscalía le acusa de haber perpetrado el último de los tres días del permiso que le concedió la Generalitat, y que avaló la Audiencia de Barcelona. Según el acusado, amenazó a su víctima y la obligó a conducir a una zona boscosa, donde la violó y le hizo entregarle las llaves de su coche y el número de su tarjeta bancaria, con el que su sobrino extrajo 1.000 euros. Posteriormente, la llevó a un barranco, la acuchilló siete veces, la arrojó al vacío, y la tapó para que su cadáver no fuera encontrado.

Pardo reconoció todos los hechos, con lo que podría beneficiarse de atenuantes, porque “está arrepentido”, según su abogada, Gemma Monera. Por su parte, Mariano Marín, letrado de la víctima y acusación particular, explicó que se han visto “abocados a iniciar un proceso contencioso administrativo para reclamar la responsabilidad civil a las conselleries de Interior y Justicia de la Generalitat” por el permiso que se concedió al violador reincidente. El Departamento de Justicia le concedió el permiso por haber superado con éxito el tratamiento de rehabilitación de agresores sexuales, que siguió en prisión, y sin que las salidas puntuales previas que se le autorizaron hubieran resultado problemáticas. El juzgado de vigilancia penitenciaria le denegó hasta en trece ocasiones los permisos para salir de la cárcel, pero la Audiencia de Barcelona confirmó la decisión de la Generalitat de excarcelarle.

Por esto, la acusación particular solicita 1.100.00 euros al procesado como responsable civil directo, aunque anunció que, si no abona el pago, se exigirá esa suma a la Generalitat. - Efe