málaga - La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que instruye el caso de la muerte del pequeño Julen Roselló, el niño de dos años que cayó a un pozo en Totalán el 13 de enero y cuyo cuerpo fue rescatado 13 días después, considera que David Serrano, el dueño de la finca, cometió presuntamente un delito de homicidio por imprudencia grave. Según el auto, Serrano pudo cometer un delito de homicidio por imprudencia grave, ya que el día de los hechos “era conocedor de que el pozo se encontraba al descubierto sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad”.

El documento señala que “se derivan indicios racionales de cómo el pozo por el que cayó Julen no estaba tapado ni protegido con las suficientes medidas de seguridad” cuando sucedieron los hechos. Además, se indica que las obras llevadas a cabo en la finca para la ejecución de las perforaciones y zanja “carecían de cualquier tipo de autorización exigible para la ejecución de las obras realizadas sobre el terreno”.

De igual modo, el dueño de la finca “no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidente alguno, principalmente en el pozo”. Tampoco ha quedado justificado que el investigado “alertara ni advirtiera de la existencia concreta del mismo cuya visualización, además, era difícil”. La jueza de instrucción de este caso añade que se dé traslado del auto a las partes, que tienen diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o pedir el sobreseimiento de la causa.

coste El informe definitivo de autopsia realizado por forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga señaló que el niño murió por la caída en el pozo, a los pocos minutos tras la precipitación, y apuntó a que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico y raquimedular, presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierda.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía remitió al juzgado que lleva el caso por la muerte de Julen un escrito para personarse como perjudicada en el procedimiento, lo que da opción a la Administración andaluza a reclamar el coste derivado del rescate, 687.749,51 euros, aunque esto es algo que aún no han concretado. - E.P.