la sensación de impunidad de los agresores y la falta de un modelo educativo que potencie relaciones sanas se esconden detrás de la mayoría de violaciones en grupo que se cometen en España, cuyas denuncias han aumentado especialmente en los últimos meses hasta llegar a 42 casos en lo que va de año. Así lo alertan expertas sobre varios ámbitos de esta problemática, que coinciden en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre La Manada de Pamplona, que condenó a 15 años de cárcel a los cinco violadores por un delito de agresión sexual, ha marcado un antes y un después.
“Cada vez se denuncia y se visibiliza mucho más, pero sigue habiendo un sentimiento de impunidad muy importante por parte de los agresores porque son procesos judiciales muy largos y la mayoría permanecen en libertad provisional”, asegura la abogada Ester García, vicepresidenta de la asociación Dones Juristes. Para la letrada, acordar prisión preventiva como medida cautelar cuando hay indicios ayudaría a reducir el número de violaciones, aunque la educación es clave para poner fin esta lacra.
El observatorio Feminicidio.net, a través del proyecto “Geoviolencia sexual”, ha cifrado en 134 las violaciones múltiples cometidas desde 2016 y revela que el 24,6 % de los agresores son menores de edad. Por ese motivo, García apuesta por reformar la ley de responsabilidad penal del menor para evitar las “penas irrisorias”, a diferencia de lo que asegura que ocurre con los violadores adultos, quienes suelen acabar condenados a alrededor de diez años de cárcel.
Además, según detalla, en la mayoría de casos se trata de agresiones premeditadas que siguen un mismo modus operandi: alquilan habitaciones de hotel, intercambian mensajes antes de cometer la violación, evalúan posibles riesgos o, cada vez con más recurrencia, adquieren sustancias químicas para drogar a la víctima. Con todo, según García, la sentencia del Supremo sobre el caso de La Manada ha motivado un ligero cambio en la actitud de algunos juzgados, que “han establecido medidas de protección emocional, como no permitir preguntas humillantes a las defensas”.
La magistrada Lucía Avilés, socia fundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España, así lo corrobora, pero va más allá al destacar que dicha sentencia “ha supuesto una auténtica catarsis” y una “revolución absoluta”. “Ha cambiado la interpretación de conceptos jurídicos como la intimidación, ha propiciado un punto de vista femenino y que se hable de perspectiva de género en el ámbito judicial”, asevera. Sin embargo, para Avilés cada caso debe analizarse de forma individualizada, lo que impide valorar en términos generales si sería conveniente aplicar más veces la prisión provisional: “Por mal o por bien tenemos que ajustarnos a las reglas que hay”.
Montserrat Vilà, directora de la asociación Hèlia, que trabaja con mujeres que han sufrido violencia machista, el cambio de actitud detectado a raíz del caso de La Manada lo ha acelerado la presión social de una generación “que ha dicho basta”. A su juicio, el temprano acceso a la pornografía y la facilidad con que los jóvenes pueden consumirla es uno de los motivos que explica este tipo de delitos, pero no es el único. “Prohibir la pornografía es como poner barreras al mar. Se trata de cómo estamos educando a la juventud, de incentivar el respeto y relaciones que no sean abusivas”, recalca tras lamentar que “incluso entre los hombres que no violan se minimiza mucho el que otros sí lo hayan hecho”.
Además, dice, “la falta de rechazo social hace que muchos hombres se crean en el derecho de violentar a una mujer”, que a menudo es “criminalizada” y recibe “presión” de su entorno para que no denuncie. Y es que, concluye, “la violencia sexual ha sido la herramienta con la que los hombres han dominado a mujeres desde tiempos inmemoriales”, un instrumento que se debe “cortar de raíz”.
