PAMPLONA - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, advirtió ayer de que, tras la instalación del nuevo juzgado de Familia (el segundo de la Comunidad Foral), el Palacio de Justicia de Pamplona “ya no da más de sí”, por lo que consideró que ha llegado el momento de “ir pensando en buscar nuevos espacios” para los futuros órganos judiciales con el fin de evitar “costosas externalizaciones” o que retornen servicios como el Registro Civil. Además, el presidente del TSJN volvió a reclamar, “un año más”, que se destine a Justicia un 1% fijo del Presupuesto de Navarra, ya que “la partida destinada en la Comunidad foral no llega al 0,7%, la más baja de España”. “El gasto de Navarra por habitante y año es de 47,6 euros y, por ejemplo, en el País Vasco es de 79,8 euros, y en Cataluña de 65,1. Cierto es que hemos pasado este año de 44 a 47,6 euros, pero en cualquier caso, insisto en no renunciar al ya viejo y reiterado deseo de aspirar a una asignación presupuestaria estable”, remarcó.
Así lo puso de manifiesto el presidente del TSJN en el acto de apertura del año judicial celebrado este viernes en el Palacio de Justicia de Pamplona y al que han asistido las principales autoridades de la Comunidad foral. Entre otros, acudieron al acto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el presidente del Parlamento, Unai Hualde; los consejeros Javier Remírez y Eduardo Santos; o el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. En su discurso, Galve ha destacado que los juzgados y tribunales navarros “ostentan el primer puesto en cuanto a las tasas de resolución, de pendencia y de congestión de asuntos”, según se desprende del informe La Justicia dato a dato, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en relación al año 2018.
En este punto, Joaquín Galve se refirió al caso de La Manada y recordó que a raíz de la instrucción en Pamplona de la agresión sexual a una joven en los Sanfermines de 2016 se imputó a algunos de los acusados otros dos delitos cometidos en el ámbito de otros tribunales superiores de Justicia, ocurridos previamente. En este sentido, ha subrayado que “estando todos estos asuntos iniciados más o menos en el mismo tiempo, está resuelto de forma definitiva el que ocurrió en Pamplona, el más grave, con la instrucción y tres instancias de enjuiciamiento”. “En algo menos de tres años el asunto está absolutamente finiquitado y para ser sinceros en alguna de las instancias la cosa podría haber sido manifiestamente mejorable”, manifestó. En cuanto a los otros dos procedimientos, ha recordado que el primer juicio sobre el delito de hurto en San Sebastián acaba de celebrarse y el abuso sexual está señalado en primera instancia para finales de año o principios del año que viene, lo que supone “una diferencia apreciable”.
En el capítulo de necesidades de plantilla, en la Memoria elaborada el presente año, correspondiente a 2018, se solicitó la creación de las siguientes plazas judiciales: la tercera plaza de Magistrado para la Sala de lo Social del TSJN, un tercer Juzgado de Familia en Pamplona, la sexta plaza de Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial (civil), y un Juez de Adscripción Territorial. De las peticiones del ejercicio pasado fue únicamente aceptada por el Ministerio de Justicia la del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Pamplona, que entrará en funcionamiento el próximo 30 de noviembre y que, conforme a lo que se solicitó, se aceptó por el Consejo su especialización como Juzgado de Familia.
