Los hablantes en la lengua de signos (unos 100.000 en toda España y, de ellos, unos 3.000 en Navarra) encuentran muchos problemas para comunicarse e interactuar en un entorno en el que muy pocas personas conocen su lenguaje.
Se sienten por ello como “extranjeros en su propia tierra”, afirmó María Pilar Fernández, catedrática de la Universidad de Barcelona, con motivo de la celebración el 23 de septiembre del Día Internacional de las Leguas de Signos y la conmemoración ayer del Día Internacional de las Personas Sordas.
“Si uno no tiene lengua”, resaltó la catedrática, “casi se podría decir que se queda sin pensamiento y, como consecuencia de eso, llega a ser menos humano. Lo que nos hace humanos es tener lenguaje”.
Aunque en 2007 la ley reconoció las lenguas de signos españolas y reguló los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, el estatus de las lenguas de signos “está a medio camino de alcanzar el estatus del resto de lenguas orales habladas en España”, lamentó Fernández.
El desarrollo legislativo de la lengua de signos en España se caracteriza por ser diferente en cada uno de los territorios autonómicos. Además, existe la ley de 2011 aprobada en este sentido en Andalucía.
Asimismo, hay referencias a la lengua de signos española en los estatutos de algunas comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares, así como la lengua de signos catalana en su estatuto de autonomía.
Sin embargo, subrayó Fernández, los avances para el reconocimiento oficial de esta lengua al mismo nivel que otras lenguas del Estado son escasos, “por ignorancia de los políticos que tienen que poner en ejercicio esta legislación”.
La ley estatal fue aprobada en 2007 y en cada parlamento autonómico debería legislarse su reconocimiento efectivo, pero es difícil avanzar “con estas elecciones interminables” y el continuo “cambio de representantes en los poderes políticos”. Al igual que los presupuestos “están congelados y dormidos”, los políticos “están congelados o dormidos”, denunció la catedrática.
Como consecuencia, agregó, hay un gran colectivo de personas con discapacidad auditiva con muchas dificultades para comunicarse por ejemplo con la Administración, lo que provoca que se les pase el plazo para algunos trámites administrativos. Siempre tienen la posibilidad de solicitar con antelación un intérprete a la Asociación de Sordos de Navarra (Asorna), pero en el caso de imprevistos es complicado acceder a este servicio.
Fernández considera en este sentido que, “lo más fácil, y no sería nada gravoso, es enseñar esta lengua a toda la ciudadanía, como se enseñan lenguas de otros países”.
En la Justicia, existe el derecho a contar con un intérprete, pero este servicio, apuntó la catedrática, “no puede ser un aquí te pillo aquí te mato”, sino que “el intérprete tiene que conocer antes al sordo, saber qué nivel cognitivo y de comunicación tiene para que la comunicación sea completa al cien por cien”.
Por todos estos motivos, Fernández destacó que “queda mucho camino por recorrer”.
