pamplona - La Mesa del Parlamento de Navarra (que componen dos representantes de Navarra Suma -Yolanda Ibáñez y Juan Luis Sánchez de Muniáin-, la socialista Inma Jurío, Maiorga Ramírez, de Bildu, y el presidente Unai Hualde, de Geroa Bai), previa audiencia de la Junta de Portavoces, decidió ayer solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara en torno a la petición de la Asociación de Víctimas de Abusos en centros religiosos de la Comunidad Foral sobre la posibilidad de difundir o no la sesión de trabajo que tuvo lugar recientemente en el Parlamento de Navarra. La Mesa, en la que según algunas fuentes no se realizó ni una votación formal dado que con el apoyo tácito de Navarra Suma y PSN iba a salir adelante, ha pasado por alto la petición expresa, con consentimiento firmado, que las propias víctimas registraron a favor de que se difundiera su testimonio ante el presidente del Parlamento. Fue el propio Hualde el que incorporó ayer esta carta a la Mesa para expresar que era partidario de que se publicitara el audio. No se les hizo caso. Por tercera vez.
El Parlamento parece así seguir a pies juntillas las recomendaciones del letrado mayor, responsable de los servicios jurídicos, empeñado en justificar que esta causa transcurra con la máxima cautela, discreción y opacidad. Toda esta comparecencia de las víctimas -que la pidió Podemos, fue en sesión cerrada a los medios y se declaró secreta- viene salpicada de obstáculos desde su celebración. Pese a que en el registro de la moción todos los grupos apoyaron que se emitiera el audio, la Mesa del Parlamento votó luego en contra de la escucha pública. Fuentes cercanas afirman que la labor del letrado mayor ha sido crucial para que ello se consumara. El responsable jurídico advierte de que habría que extremar el celo para proteger a terceros (los presuntos agresores pederastas) dentro del testimonio que ofrecen las víctimas. Pero ahora, pese a que estos -hasta siete- dan su consentimiento expreso para que se emita y difunda su relato y el Parlamento pueda suprimir aquellas partes que inviten a la suspicacia, la Cámara exige ahora para ello otro informe jurídico. La indignación en el colectivo de víctimas está rozando el hartazgo y se sienten engañados.
A este respecto, Esparza, de Navarra Suma, indicó que su grupo apoya que se pida dicho informe “buscando hacer las cosas bien”. “Vamos a ver qué dice el informe y se tomarán las decisiones que correspondan en un tema sensible”, dijo. El socialista Ramón Alzórriz justificó la petición del informe jurídico para “ver el derecho de protección de datos” y abogó por “respetar a las víctimas” y “no dañar a terceros”. Desde Geroa Bai, Koldo Martínez apoyó a los perjudicados, recordó que “abordaron cuestiones durísimas” y expresó que no tienen problema en hacer el audio público, pero con “pasos prudentes y seguridad jurídica”. La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz indicó que “no se puede revictimizar a estas personas” y que “tiene que prevalecer su interés”. “Apoyamos su escrito y que con cautelas se haga público el audio, no vemos problema”, expuso. Mikel Buil, de Podemos, indicó que “un informe jurídico es una patada hacia adelante cuando no queremos tomar una decisión política y dejamos a los servicios que tomen la decisión”, criticó. Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, dijo que “si el objetivo es que se difunda esa situación se podría pedir otra sesión pública y se acababan los problemas jurídicos o de protección de datos que pudiera haber”.
