"Alsasua fue un caso desgraciado desde su inicio, que se sacó de contexto"

-Es un órgano que debería haber traslucido tensiones mucho antes. Tengo una idea muy particular del Consejo y entiendo que muchos de mis colegas no las comparten, pero tengo claro que el Consejo con sus 20 miembros era algo que quería el legislador constitucional para que a traves de esos vocales estuviera traducido en el órgano de gobierno de los jueces todas las sensibilidades sociales. En esa medida ha de ser un órgano en donde se gestionen conflictos porque confluyen en su seno todas las sensibilidades sociales a partir de la correlación de fuerzas que hay en cada momento en el Parlamento. Me parece que el encaje constitucional del Consejo viene predeterminado por esa pluralidad y por ello en órganos que son esencialmente pluralistas el hecho de que no haya demasiada confrontación igual es que no es todo como debería ser, no está ocupando el espacio o realizando las funciones para las que es llamado. Durante años no se nos ha escuchado ni un mal grito y ahora parece que hay más conflictos, no me parece que sea nada positivo.

¿Cambiaría el modo de acceso al Consejo que no deja de ser un reparto entre los partidos?

-Durante un cierto tiempo no me había detenido ni a pensarlo porque no lo consideraba tan relevante. Siempre y cuando refleje esa pluralidad social se pueden escoger distintos modos. Si me dan a elegir entre que los miembros del consejo sean elegidos por los propios jueces y el sistema actual, me quedo con el sistema actual.

Son los propios jueces quienes cuestionan el sistema...

-Es verdad que el consejo somos el órgano de gobierno del poder judicial pero no somos el órgano de gobierno de los jueces. El poder judicial es el tercer poder del Estado que es verdad que está integrado por todos los órganos jurisdiccionales del Estado, pero nuestras competencias no pueden ir dirigidas directamente a los jueces, porque estaríamos violando uno de los principios fundamentales de la actividad jurisdiccional como sería el de la independencia judicial, y debemos velar por ello y para ello hemos sido creados. Eso significa que el despliegue de esa actividad sea razonable, razonada y homogénea en todo el Estado. Muchas veces se piensa que somos los jefes de los jueces, pero no lo somos en absoluto, ni debemos serlo. Debemos encargarnos de las materias que marca la Constitución en cuanto a nombramientos, sanciones disciplinarias y ascensos, preservar el buen hacer de los jueces de las eventuales injerencias del Ejecutivo. Nada más y nada menos. Es verdad que se confunden los planos y se nos ve como dice la Constitución órgano de gobierno, pero es un órgano de gobernanza de la tarea jurisdiccional. No puede verse al Consejo como un órgano jerárquicamente impuesto a los jueces y que marque directrices, no puede verse así. Jerárquicamente no estamos por encima del último juez del último distrito de este país. Por ello tampoco considero que su composición tenga que venir dada por los jueces que hacen jurisdicción, todo lo contrario.

Y, por tanto, cree que con este modo de acceso reflejan la voluntad popular.

-Si la justicia emana del pueblo, como dice la Constitución, la actividad debe estar vinculada a ese pueblo del que emana la justicia y al que sirve los jueces y tribunales. Si queremos sentirnos vinculados al pueblo al que servimos, la manera de establecer ese vínculo es que sean los representantes del pueblo que están en el Parlamento los que determinen en función de la correlación de fuerzas que se derivan de una decisión democrática como son unas elecciones generales el que determine quién compone ese órgano que se va a encargar de la buena gobernanza de los jueces.

Que ese órgano de buena gobernanza no sea especialmente exquisito en las formas como a la hora de informar de Dolores Delgado...

-El nombramiento de Dolores Delgado no está en manos del Consejo. El Consejo informa en un informe que es preceptivo, pero no es vinculante. He hecho un voto particular apoyando la idea de que el Consejo en esta ocasión, como en las cuatro ocasiones anteriores, debió haberse pronunciado no solo por el cumplimiento de todos los requisitos que exige el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sino que teníamos que habernos pronunciado sobre la idoneidad de la candidata propuesta por el Gobierno. Tuvo que haber ese debate.

Navarra ha sido noticia en los últimos años por dos casos: La Manada y Alsasua. En este último se cuestionó incluso la formación del tribunal y sobre si tenía que haber llegado el caso a la Audiencia Nacional. ¿Qué opina de ello?

-Lo ha dicho el Supremo que no era terrorismo. Es un asunto mal calificado desde el primer momento, desconozco aunque puedo imaginarme los intereses que subyacen debajo de esta historia. Me ha parecido un asunto desgraciado desde el primer momento. Desgraciado porque se sacó de contexto, porque ha hecho sufrir a todo el mundo, a todos los implicados en el asunto, y ha hecho sufrir de una manera totalmente innecesaria. Era un incidente más como los muchos que ocurren en cualquier parte de España. Y así lo ha puesto de manifiesto el Supremo. Se trató de una reyerta. Hacer una calificación penal como la que se hizo y llevarlo como un asunto de terrorismo me pareció totalmente desencajado de la realidad y ha dado lugar a mucho sufrimiento. Solo pensar en las madres de esos chicos me parece tremendo. Entiendo perfectamente la lucha que han seguido para encarrilar la situación. Es evidente que si se declara que hubo una agresión no les vas a dar una medalla, para eso está el Derecho Penal para restablecer el imperio de la norma cuando se quiebra y para castigar los comportamientos antisociales y perjudiciales para los ciudadanos. La calificación de terrorismo llevado a esos extremos y el mantenimiento de la prisión preventiva al nivel que se llevó, a partir de una calificación totalmente desencajada llevó a una serie de errores sucesivos, quiero llamarlos errores, que se han desplazado sobre unos chicos jóvenes y la situación de sus familias. Es una auténtica pesadilla.

Así lo ha expresado el sentir de la sociedad navarra con las mayores manifestaciones de la historia. Pero lo que resulta increíble de asumir es que la Justicia no tenga antes mecanismos de corrección.

-Esa es la gran inseguridad. Uno confía en los tribunales como el último recurso adonde uno recurre y en la confianza de que la actuación se va a utilizar de una manera racional, proporcionada y adecuada a las circunstancias. Esto vino a demostrar que el propio sistema, queriendo recomponer una injusticia, es perfectamente capaz de generar otras.

Otro caso en Navarra, La Manada, ha supuesto un antes y un después en la justicia de delitos sexuales.

-En un montón de cosas ha sido un punto de inflexión. Socialmente fue un punto de inflexión para todos los movimientos de mujeres que de golpe nos encontramos con un espejo delante en el que se veía que esto es lo que hay, una legislación insuficiente aplicada con unos criterios que no responden al análisis desde una perspectiva de género. Y este es el resultado. Y de repente descubres que la pesadilla de uno se convierte en realidad. Y en ese algo que es una pesadilla está todo el aparato de la Justicia implicado. Yo no creo que se quiera generar dolor, pero de alguna forma estas situaciones y sucesos nos tienen que servir para detenernos y reflexionar hacia dónde vamos. Insisto en que el caso de La Manada fue la tormenta perfecta que generó un monstruo.

Y ahora que toca ese análisis, ¿se va a llegar a una situación más garantista al interpretar estos delitos?

-Ha dado lugar a que reflexionemos. Cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género no hablamos de una entelequia, estamos hablando de una metodología a aplicar al caso que requiere una especial sensibilización a la hora de analizar los comportamientos, en función del género de quienes intervienen en una determinada actividad delictiva. En el caso de las agresiones sexuales me parece clarísimo. El prisma desde el que uno puede contemplar un mismo acontecimiento es completamente distinto si se mira desde una perspectiva de género o no, y sus conclusiones pueden ser diametralmente opuestas. Ha servido para que haya muchas personas, no solo jueces y fiscales, operadores jurídicos en general, para que vean que cuando se habla de perspectiva de género no se lanza una frase retórica ni hablamos de un concepto jurídico indeterminado, hablamos de algo muy concreto que cuando se despliega sobre un acontecimiento determinado a juzgar, da como resultado algo distinto a si no la aplicas.

CONCEPCIÓN SÁEZ

Biografía. Licenciada en Derecho por la Complutense, en 1980. Abogada en ejercicio en el ICAM, de 1980 a 1984. Secretaria Judicial desde 1989, en destinos del orden jurisdiccional penal y contencioso-administrativo. Asesora del Centro de Estudios Jurídicos de 2007 a 2008. Destinada en la Mutualidad General Judicial desde 2011. Vocal del Consejo desde 2014.