Aprobado el plan de retorno para el personal de la Administración Foral con el apoyo del 67% de la representación sindical

14.05.2020 | 13:57
Vista del Palacio de Navarra.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha firmado hoy la Orden Foral 59/2020 en la que se recoge el plan de retorno para el personal de la Administración Foral de Navarra que persigue cinco objetivos fundamentales: garantizar la seguridad y salud del personal, continuar con la prestación del servicio público, la protección del personal especialmente sensible, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y la priorización de formas de trabajo no presencial incluido el teletrabajo.

El plan cuenta con el apoyo de la mayoría de los representantes sindicales presentes en la Mesa General de la Función Pública que volvió a reunirse ayer miércoles. El 66.67% de las fuerzas sindicales (LAB, CCOO y UGT) le han dado su conformidad, una vez que la Dirección General de Función Pública ha incorporado la mayoría de las alegaciones presentadas, con la excepción de aquellas que pudieran limitar la acción del Gobierno o no estuvieran entre las recomendaciones de la autoridad sanitaria.

Entre las propuestas incorporadas, el plan de retorno mantiene el permiso por deber inexcusable limitado a aquel personal que, no pudiendo realizar trabajo no presencial, tenga a su cargo personas menores de 14 años, personas dependientes o con discapacidad, o personas mayores hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, siempre que convivan en el domicilio familiar y se vean afectadas por el cierre de centros educativos o de mayores, y hasta la fase de nueva normalidad.

Además, el personal perteneciente a los colectivos vulnerables podrá continuar prestando sus servicios en modalidad no presencial en la fase II y III del plan, si así lo solicitan.

Por otro lado, se proporcionará individualmente la formación necesaria adecuada sobre colocación y utilización de elementos de protección. En los espacios de trabajo deberán estar visibles las medidas de prevención y protección que deben seguir las personas empleadas públicas.

Asimismo, y el marco del diálogo social, se creará una comisión de seguimiento en la que estará presente la Administración y los sindicatos con representación en la Mesa General de la Función Pública que se reunirá cada 15 días para analizar, en cada momento, las medidas contempladas en el plan de retorno.

Líneas principales del plan de retorno

Se priorizará el teletrabajo, o trabajo no presencial, del personal que se podrá compatibilizar con trabajo presencial, de forma puntual o periódica, para facilitar la incorporación gradual.

Se priorizará el trabajo no presencial para colectivos vulnerables ante la COVID-19 (mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personal con enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo o diabetes). No podrán incorporarse al trabajo presencial en la fase I y podrán continuar prestando sus servicios en modalidad no presencial en la fase II y III del plan si así lo solicitan.

Además, se priorizará la prestación de servicios en modalidad de trabajo no presencial para personal que tenga a su cargo menores de 14 años, personas dependientes o con discapacidad y personas mayores hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Flexibilidad horaria, atención ciudadana y reuniones

La atención a la ciudadanía será preferentemente telefónica o telemática. La atención presencial se realizará sólo en los casos en que sea imprescindible, con limitación de aforo y será preceptiva la cita previa.

Para evitar la concentración de personas se flexibilizarán los horarios de entrada y salida del personal y el horario de disfrute de la pausa.

Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audioconferencia o videoconferencia.

Se suspenderán todos aquellos viajes de trabajo que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia salvo excepciones justificadas.

Los cursos y actividades formativas se desarrollarán, con carácter prioritario, mediante medios telemáticos. Se convocará al Consejo de Dirección del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP), a fin de analizar las modificaciones de los planes de formación que esta nueva situación pueda hacer necesario implementar.

Medidas preventivas para garantizar seguridad y salud

No podrán incorporase a su trabajo personas con síntomas o que hayan estado en contacto estrecho con enfermos de COVID-19.

Se facilitará el material de protección necesario y se arbitrarán las medidas organizativas precisas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo.

Será obligatorio respetar y aplicar las medidas preventivas y correctoras contenidas en las fichas de evaluación de riesgos elaboradas por los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

En los espacios de trabajo deberán estar visibles las medidas de prevención y protección que deben seguir las personas empleadas públicas.

Se proporcionará individualmente la formación necesaria adecuada sobre colocación y utilización de elementos de protección.

Se habilitará un sentido de entrada y otro de salida en el acceso a los centros de trabajo siempre que sea posible y se sustituirán los fichajes con dispositivo de lectura biométrica por otras formas de control.

Conciliación de vida laboral y familiar

Se mantiene el permiso por deber inexcusable hasta la fase de nueva normalidad, limitado al personal que no pudiendo desarrollar su trabajo de forma no presencial, tenga a su cargo personas menores de 14 años, personas mayores hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o personas dependientes o con discapacidad siempre que convivan en el domicilio familiar y se vean afectadas por el cierre de centros educativos (hasta el 19 de junio) o centros de mayores.

Planificación, seguimiento y dialogo social

Con carácter previo a la incorporación de nuevo personal a la modalidad de trabajo presencial, cada departamento deberá realizar un informe. En cada dirección general se designará una persona referente para que el personal pueda trasladarle las incidencias relacionadas con las medidas o los medios de protección implantados.

Se crea una comisión de seguimiento entre el Gobierno y los sindicatos que se reunirá de forma quincenal con el objetivo de centralizar la información y las actuaciones llevadas a cabo en los distintos órganos de participación social previstos.