Tras el planteamiento del Gobierno de Navarra de que las VPO lo serán de manera indefinida, Juan Las Navas ve necesario estudiar el mercado antes de tomar decisiones
Pamplona – El presidente de la Asociación de Constuctores y Promotores de Navarra sostiene que cuando en los años 90 se planteó el modelo de VPO actual, se consideró que era lo mejor que se podía hacer, aunque quizá se tenía que haber revisado más a menudo.
El Gobierno de Navarra ha anunciado que las nuevas VPO no se convertirán en libres al vencer la calificación. ¿Cómo valora esto?
– Lo primero nos ha sorprendido un poco el que se haya sacado esta propuesta sin habernos comentado nada antes y teniendo una buena relación con el Gobierno de Navarra. Pero, creo que después de la crisis provocada por el covid, habría que analizar un poco más la necesidad real que puede haber de hacer estas cosas. No sé, yo entiendo que es una situación que ha llegado a ser así por lo que ha ocurrido con las viviendas protegidas de alquiler.
¿Por qué considera que habría que estudiarlo más? ¿Cree que puede haber algún inconveniente?
– Una cosa es que se vaya a comprar la vivienda, porque tiene una descalificación a los 30 años y la gente está acostumbrada a eso. Cuando lo modifiquen no sé cuál será la respuesta. Además, ahora mismo tampoco hay precedentes de esto, y prácticamente no se está haciendo vivienda protegida. Entonces, habría que observar bien lo que se puede hacer en estos momentos, porque no hay suelo y lo que pueda tener el Gobierno foral, pues no va a ser para promoción privada, sino que parece que la quieren dedicar al alquiler y a eso ya habría que hacer muchos planes para ver si se puede o no se puede llevar a cabo. Además, son pocas las ayudas para adquirir vivienda protegida. Las de precio tasado, prácticamente no reciben ningún tipo de ayuda y las de régimen general sí que reciben ayudas, pero hoy en día los que van a adquirir este tipo de viviendas tienen que tener cierto nivel de ingresos, por lo que las ayudas tampoco van a ser muchas.
Pero ¿qué ocurriría con las familias que viven en alquiler protegido y tras concluir la calificación de sus viviendas tienen que enfrentarse a precios desorbitados de rentas?
– Eso es algo ya sobrevenido. Necesitamos que también haya una seguridad jurídica importante, porque hace 25 años se planteó hacer viviendas de alquiler en ese régimen y de esa manera, y el problema ha venido ahora, cuando de repente esas viviendas se han descalificado. El alquiler social es fundamental, porque hay que facilitar que la gente que tiene menos ingresos pueda acceder a una vivienda. Pero tampoco se puede hacer eso de cualquier manera, porque realmente si hoy en día no se hace es porque los costes son muy superiores a una rentabilidad mínima. Además, en la época que estamos, es muy difícil que nos salgan los números para que este tipo de viviendas se promocionen desde la iniciativa privada. Pero no se puede achacar ahora un problema cuando en aquel momento se plantearon unas reglas de juego. La problemática venía ya desde entonces y se supone que en aquel momento era una cosa buena.
Quizá fue una decisión que no tuvo en cuenta la situación de esas familias a largo plazo.
– En aquel momento se pensaba que era lo mejor. Lo que pasa es que igual se tenía que haber revisando ese modelo más a menudo para ver lo que podía pasar, pero también hubiera sido difícil. Porque, lo que pasó en el 2007-2008, nadie se lo esperaba y lo que ha pasado ahora, tampoco. Además, estoy convencido de que la situación posterior al covid será muy diferente. Por ello, son temas que tienen que ser estudiados entre todos, porque sólo el Gobierno no va a poder hacer frente a todas las viviendas protegidas y hoy en día, por mucho que se quiera, la iniciativa privada es muy complicado que pueda hacer frente. Y si vienen grandes grupos de fuera que por su capacidad económica puedan hacer más que lo que pueden hacer los promotores de aquí, pero que también hay que pensar en los promotores locales.
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