Cadreita: un jarro de agua fría

07.06.2020 | 01:46
Imagen de archivo de una acometida a una tubería de agua.

Tras dos años, la causa por el supuesto robo de agua potable en Cadreita ha sido cerrada sin llegar a identificar a los responsables, aunque el consumo se ha logrado corregir

La causa judicial por el supuesto robo de agua para abastecimiento público en Cadreita fue archivada a pocos días de que se declarase el estado de alarma por el covid-19, sin responsables por la desviación de agua que rondaría un valor de unos 5 millones de euros y que cesó poco después de que el Seprona comenzara sus indagaciones en el año 2018. La investigación judicial, que llegó a la imputación de tres personas, se topó con unos olivos que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Tudela desautorizó arrancar para permitir que siguiera el rastreo subterráneo de cámaras con las que se buscaban las tuberías ilícitas que se habrían utilizado para defraudar durante más de una década al Consistorio y a los habitantes de Cadreita, que no han obtenido las respuestas que buscaba en la Justicia.

Un estudio del Gobierno de Navarra concluyó en 2016 que el 71,5% del agua que consumía Cadreita se consideraba que tenía un uso "incontrolado", es decir, que se perdía en fugas, en consumos no registrados por fraude o por autoconsumos municipales o de otro tipo que no se controlaban. Fue la puntilla que llevó al actual Ayuntamiento de Cadreita a intentar descubrir qué estaba pasando con su abastecimiento de agua y a tener la certeza de que alguien se la estaba robando y causando un perjuicio estimado de 350.000 euros anuales.

El propio Gobierno de Navarra recomendó al Ayuntamiento que contratara una empresa externa para controlar de manera más eficiente la gestión del abastecimiento de agua y el propio Consistorio puso en marcha un plan de detección de fugas. Después de todas las medidas adoptadas, el desfase entre el agua comprada por el municipio y el agua efectivamente cobrada seguía siendo superior al 50%, de modo que los técnicos concluyeron que la única respuesta al misterio era que alguien estaba sustrayendo el agua del abastecimiento público, por lo que en verano del pasado año 2018 el Ayuntamiento presentó la denuncia ante la Guardia Civil.

RIEGO DE CALIDAD Las indagaciones llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) apuntaron a los responsables de una finca de más de cien hectáreas de terreno que habrían usando supuestamente un entramado de tuberías subterráneas ilegales mediante las cuales estarían apropiándose del agua de consumo humano del pueblo para regar sus cultivos, consiguiendo un gran ahorro económico y disfrutando de un agua de riego de gran calidad.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona indicaban que el grupo investigado, que estaría formado por los propietarios de la finca que estaría beneficiándose de la desviación de abastecimiento público, así como por un directivo de las empresas que tienen arrendados los terrenos para su explotación, se habría servido de tuberías construidas para la captación del agua de abastecimiento público que carecerían de la licencia correspondiente y que se remontarían más de una década en el tiempo, según las indagaciones de la propia Guardia Civil, que elaboró cinco informes en los que se ponía de manifiesto que supuestamente se había extraído ilegalmente agua de la red municipal "para provecho particular, concretamente para regar las fincas plantadas de olivos en las parcelas 58 y 83 del polígono 3, y la que alberga los invernaderos de Milca, parcela 97 del polígono 3". En esta documentación se incorporaron análisis de agua que corroboraban la existencia de cloro, tanto en la tubería que se adentraba en la finca de Los Olivos, como en la balsa de depósito de agua en la parcela de los invernaderos, lo que solo podría obedecer a que hubiera sido tratada en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP)", mantuvo el Ayuntamiento en su recurso.

A mediados del año pasado, tras un año de diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Tudela rechazó arrancar unos olivos situados en la finca La Boquera, en donde se apreció una tubería que no aparecía en los planos por la muerte de los árboles, y ordenó archivar las actuaciones, una decisión que fue recurrida por el Ayuntamiento de Cadreita ante el propio juzgado, en primera instancia, y con posterioridad ante la Audiencia Provincial de Navarra, cuya Sección Segunda ha sido la encargada de revisar la apelación.

CÁMARAS EN LAS TUBERÍAS En el auto dictado por la Sala, en el que se admite que "en el presente caso inicialmente la introducción de cámaras cumplía los requisitos" exigibles, afirma que "en el momento procesal que nos encontramos no ha lugar a continuar, toda vez que se solicita entrar en una finca, con la retirada de árboles, ocasionando un perjuicio económico a la parte, sin que se haya encontrado, pese a los trabajos ya realizados" y añade que "se trata de un delito de difícil esclarecimiento de dificultad de pruebas que se comenzó a instruir hace más de un año, sin que hasta la fecha se hubiera probado mínimamente".

En este sentido, la Audiencia afirma que "no puede recaer la investigación sobre simples sospechas y aunque los hechos denunciados pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito, ello no es suficiente para justificar la apertura de una investigación, o la prosecución de la misma, con la simple finalidad previa de averiguarlos". Y abunda en que "no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de los hechos meramente sospechosos, por si los mismos pudieran ser constitutivos de delito, ello no es suficiente para justificar la apertura de una investigación, o la prosecución de la misma".

Curiosamente, como consecuencia de la investigación e inspección de las tuberías, las desviaciones en el consumo de agua cesaron en Cadreita, destacan desde el Ayuntamiento. Según informes de intervención presentados en el Juzgado, el consumo controlado de los contadores municipales coincide básicamente con el consumo que la ETAP municipal hace del agua de Yesa, lo que representa entre 35 o 40% del consumo anterior de la ETAP. Y trae como consecuencia la reducción en el mismo porcentaje, de la factura que paga el Ayuntamiento. "Esta reducción del consumo de la ETAP no está motivada porque los consumos controlados de los contadores privados hayan disminuido. Estos siguen siendo básicamente los mismos. Lo que ha desaparecido es el consumo fraudulento", aseguran desde el Consistorio, desde donde añaden que una vez que el consumo esta normalizado desde la investigación y, la presión ha aumentado en todas las viviendas, "tiene el deber de proseguir la investigación de quien produjo la sustracción. La documentación de toda la investigación estará disponible en las dependencias municipales para que cualquier vecino que considere pueda pasar a revisarla".