ocaron la puerta de la anciana. Era el 15 de febrero de 2017 y, seguramente, tras haber observado las inmediaciones, ya sabían que aquella vecina de Lodosa de avanzada edad se encontraba sola en su vivienda. Cuando la moradora les preguntó por su identidad y los motivos de su visita, dos mujeres, de modales educados, se presentaron como trabajadoras sociales del Ayuntamiento. En realidad, eran integrantes de un clan que se encargaba de robar en viviendas de ancianos y habían actuado ya en otras dos provincias, Ciudad Real y Zaragoza. En Lodosa sustrajeron joyas y se llevaron una tarjeta de crédito, de la que llegaron a sacar en un cajero de Tudela 600 euros y, después otros 500, que obtuvieron en otro cajero de Zaragoza. Las dos acusadas fueron reconocidas por las cámaras de las entidades bancarias en las que realizaron los reintegros. Ellas forman parte de una organización criminal, con vínculos familiares entre la mayor parte de sus componentes, y que han sido juzgados o bien declarados en rebeldía por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Dicho tribunal, de hecho, ha condenado recientemente a uno de estos acusados a un año y medio de prisión por formar parte del grupo criminal y sustraer joyas, dinero y distintos efectos de valor a residentes de avanzada edad en distintas localidades.

Zaragoza

Centro de operaciones

Según reza una de las sentencias, el grupo lo conformaban hasta una quincena de personas con vocación de carácter permanente e indefinido para la comisión de hechos delictivos. Tenían su centro de operaciones en la ciudad de Zaragoza, pero de ahí se movían a distintos territorios, como ocurrió en el caso de Lodosa y otros por los que fueron investigados en Navarra. Se asentaron a partir de enero de 2017 en una localidad de Ciudad Real, Torralba de Calatrava, donde ocuparon un piso al que procedían a llevar la mayor parte de las joyas y efectos que robaban en dicha provincia y en Albacete. Para actuar lo hacían del siguiente modo: formaban grupos de dos a cuatro personas, en las que las mujeres del grupo se hacían pasar por personal de los correspondientes ayuntamientos, de Servicios Sociales, de Cruz Roja, o de cualquier otra entidad que tuviera fines asistenciales. De esta manera, accedían a las viviendas de personas de edad avanzada, la mayoría octogenarios y nonagenarios, tras haberse ganado la confianza de los mismos. El resto del grupo criminal permanecía en el exterior del domicilio a modo de alertantes y para facilitar una rápida huida del lugar a bordo de sus vehículos de gran cilindrada. Debido a las vigilancias, seguimientos e identificaciones policiales permitieron detectar la presencia de los acusados en más de una veintena de localidades en las que cometieron los hurtos y robos. También en febrero de 2017 dos de los procesados habían sido localizados en un establecimiento de compraventa de oro de Zaragoza, donde procedieron a vender las joyas sustraídas en las mismas fechas de casas de dos tudelanas. En ocasiones, el grupo de acusados alegaba ser personal del Ayuntamiento y alegaba que tenía que entrar en la vivienda para realizar una inspección de limpieza. Así recorrían toda la casa en busca del botín, pedían un vaso de agua para entretener a las víctimas y, de esta forma, una de las integrantes se dedicaba a encontrar los efectos de valor que encontraba a su paso.

Con la excusa de trabajar para el Ayuntamiento, accedieron a tres domicilios de ancianas de Lodosa y Tudela. Las desvalijaron