- La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, desgranó ayer en comisión parlamentaria el Plan de Choque en Dependencia 2021-2023, que destinará a Navarra 24,4 millones este año para la financiación del sistema de atención a la Dependencia, algo que, desde la firma de la propia ley de Dependencia en 2006, supone “uno de los hitos más importantes del sistema de dependencia”.
Este plan de choque incrementará casi un 60% los 15,4 millones percibidos en el año 2020 y la estimación para el año 2023, cuando finaliza el plan, supondría 33,3 millones anuales, es decir, “un 116% más que en 2020”, explicó Maeztu.
La gran inversión en dependencia supone “un gran desafío”, que desde el Departamento deben “lograr que se convierta en oportunidad para proporcionar más y mejores cuidados a las personas mayores, dependientes y/o con discapacidad, a la par que generamos empleo y mejoramos la calidad del mismo”.
Precisamente éstos son algunos de los objetivos principales de medidas concretas de mejora, en el que se encuentra, además de la reducción en las listas de espera, “asegurar que las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) son adecuadas, e introducir mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada”.
Asimismo, la consejera recordó que además de las prestaciones enmarcadas en este Plan de Choque, Navarra recibirá 40 millones de euros en el marco de los fondos europeos, que irán dirigidos a 11 proyectos dedicados a “cuidados de larga duración en el ámbito de la discapacidad, en dependencia o en enfermedad mental, y a la modernización de servicios sociales principalmente”.
Sobre estos, Maeztu afirmó que “el Ministerio ha trasladado su total sintonía y la buena acogida en Europa cuando se los han presentado”, por lo que espera “que lo antes posible sean aprobados definitivamente para poder ponerlos en marcha”.
La consejera destacó que “es una gran noticia que el Gobierno de España se corresponsabilice en la adecuada inversión social para el sistema de la dependencia, más cuando la crisis de la covid-19 y las previsiones de envejecimiento ponen de manifiesto la necesidad de un incremento sustancial en los próximos años de la demanda de cuidados y, por tanto, la necesidad de inversión pública”.
