El Parlamento de Navarra regula jornadas, retribuciones y horarios en Policía Foral

Navarra Suma vota en contra y EH Bildu e I-E se abstienen

25.03.2021 | 10:28
Imagen de archivo de una concentración de policías forales y locales, en 2017.

El pleno del Parlamento de Navarra ha probado este jueves con el voto en contra de Navarra Suma y la abstención de EH Bildu e I-E una proposición de ley presentada por el PSN para regular las jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral.

La iniciativa surge después de que la Ley de Policías de 2018 no se haya desarrollado y que el decreto de 2016, que subió las retribuciones a 816 agentes pero las rebajó a otros 242 miembros del cuerpo, haya sido anulado por los tribunales, lo que supone que el Gobierno de Navarra tendrá que devolver a estos últimos lo rebajado, unos 4 millones de euros, y que los más de 800 agentes que vieron incrementadas sus retribuciones deberían devolver ese dinero.

En defensa de la proposición de ley, la parlamentaria socialista Inmaculada Jurío ha dicho que tratan de suplir la nulidad del decreto de 2016 por defectos formales, no por el contenido de fondo, por lo que no se trata de incumplir nada ni de cometer un fraude, sino de paliar los "efectos injustos de una sentencia otorgando legalidad a lo que la misma no ha cuestionado".

"Es la mejor solución posible para dar salida a un colectivo que en los últimos años ha sufrido bastante", ha dicho, y señalado que la ley es "transitoria" y retroactiva para evitar que por la anulación del decreto haya "efectos negativos para la mayoría" del cuerpo autonómico.

Tras aludir a un "enfrentamiento" interno y político por una ley de 2015, "un paradigma" para la Policía Foral que respondía a una reclamación del colectivo y a un mandato legal de 2007, Jurío ha apuntado que ahora habrá que desarrollar la de 2018 pero entre tanto hay que evitar situaciones "injustas" que "soliviantarían" al colectivo, al que ha agradecido su "apoyo" sin renunciar a sus demandas.

A favor de la iniciativa, la portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha considerado que ni jurídica ni políticamente esta es la vía más adecuada pero a fecha de hoy no hay "ningún desarrollo reglamentario" de la Ley de Policías de 2018 para salvar la situación a pesar de que forma parte del acuerdo de legislatura y ya es "algo acuciante".

Por EH Bildu, Adolfo Araiz, ha destacado que "está en juego uno de los instrumentos fundamentales del autogobierno de Navarra" y de ahí la necesidad de buscar solución a una nulidad "sobrevenida" por un defecto en el plazo de audiencia a los sindicatos, aunque ha criticado "el incumplimiento" en el desarrollo de la ley de 2018, para el que no ha visto argumentos económicos.

Ha defendido además tres enmiendas a la proposición de ley para "evitar una derogación indirecta" y mejorando el texto para que quede establecido que ésta es una ley transitoria para una Policía en la que ha apostado por ser más ambicioso.

Ainhoa Aznárez, de Podemos, ha dado "un voto favorable pero crítico" para "dar legalidad a una situación injusta que causaría un prejuicio a una gran mayoría", un "ejercicio de responsabilidad", pero ha advertido de que "hay que ponerse las pilas" porque han pasado tres años desde que se aprobó la Ley de Policías y queda "mucho por hacer".

Para Marisa de Simón, de I-E, esta iniciativa "soluciona una situación que de no hacer nada estará perjudicando a una parte importante de los trabajadores de la Policía Foral", aunque ha anunciado su abstención porque convertir un decreto en ley debe ser algo "absolutamente excepcional" y son materias a negociar con los sindicatos.

"Esta iniciativa no sería necesaria si el consejero de Interior hubiera realizado su trabajo con diligencia", ha dicho José Suárez, de Navarra Suma, quien ha criticado la "precariedad" e "incertidumbre" en la Policía Foral, negado que esta sea una situación sobrevenida porque "muchos la preveían" y debía tener una solución "pensada" que no existe por la "falta de prudencia y previsión" del consejero.

Y ha subrayado que aplicar con carácter retroactivo la ley costará no menos de 10 millones de euros, "una deuda que antes o después se tendrá que pagar", y ha lamentado que el consejero genere "expectativas" cuando "no hay garantías" de que cumplirá, por lo que NA+ "no le dará un cheque en blanco".