ELA reprocha a Educación su trato a la concertada

Y de hecho ELA ha anunciado que presenta conflicto colectivo para que el personal de enseñanza concertada cobre lo que se le debe desde 2020.

Se trata de que se abone la reversión que establecía la Ley de marzo de 2019 "ante las vagas promesas hechas por el consejero" y ante la proposición de Ley Foral de Navarra Suma que el jueves debatirá el Parlamento para recuperar las condiciones laborales del personal de educación pública y concertada desde septiembre de 2021.

ELA ha presentado conflicto colectivo ante la justicia para la reversión, desde el 1 de enero de 2020, del 1,25% al personal docente y del 1% al no docente de concertada, como se estableció en la citada ley, "que sigue sin cumplir el Gobierno de Navarra", así como la subida "pendiente" del 1% de 2016.

En este sentido, el sindicato subraya que Gimeno "sabía cuando accedió al cargo, en agosto de 2019, que tenía que cumplir dicha Ley", y agrega que "de hecho introdujo en sus primeros presupuestos el dinero para afrontarlo en 2020, pero sólo abonó la mitad a las 3.500 personas que trabajan en colegios e ikastolas concertadas".

Y añade que "el consejero estaba también obligado por la prórroga del Acuerdo de Concertada de Navarra, que él mismo firmó al acceder al cargo y que en su medida tercera decía que solo mantendría los recortes del RDL 14/2012 de Rajoy mientras no existiera la posibilidad de superar ese decreto, lo cual ocurrió con la Ley 4/2019".

Dichos recortes de 2012, recuerda ELA, no fueron aplicados en las comunidades que presidía el PSOE, pero en Navarra "la alianza entre el gobierno de UPN, las patronales y SEPNA (el resto de sindicatos nos movilizamos en contra) reflejadas tanto en el Acuerdo de 28 de junio de 2012 como en el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 4 de julio de 2012, detrajeron 3,9 millones anuales de las nóminas de las personas trabajadoras para destinarlas a los gastos que estimara conveniente la presidenta Barcina y sus sucesoras".

Una "reversión que preveían si se derogaba el RDL 14/2012 se les ha olvidado; también la homologación salarial al 95% con la pública, de la que nos aleja el impago del 1% de 2016, que sigue todavía pendiente", subraya ELA.

Concluye por ello que "en 10 años son más de 40 millones detraídos a las plantillas de la enseñanza concertada, y desde el 1 de enero de 2020 no se cumple la ley de mejora por lo que ELA va a seguir denunciando esta situación y ha ido a los tribunales, mientras espera el informe de Comptos".

Por su parte LAB sostiene que en la reunión informativa del seguimiento del Pacto Educativo celebrada con los sindicatos, el consejero Gimeno "se jactó" de haber aprobado la reducción de la jornada en una hora lectiva para el personal docente mayor (o igual) a 55 años, "pero se le olvidó mencionar que ha sido únicamente por la presión ejercida por los sindicatos".

"Una vez más -afirma- ha sido necesaria la perseverante interpelación sindical para conseguir que el consejero concediera esta reducción ya acordada y, por tanto, de obligado cumplimiento en el Pacto Educativo".

Critica por ello que ,tal y como nos tiene acostumbrados, el consejero Gimeno aprueba medidas que debiera adoptar sin necesidad de recordatorios externos y lo hace, una vez más, in extremis, agotando plazos, sin tener en cuenta la sobrecarga de trabajo que su demora supone para los equipos directivos de los centros, obligados ahora a rehacer las plantillas con esta nueva contabilización horaria".

LAB considera por tanto "lamentable observar cómo la resistencia del consejero a asumir sus compromisos obliga a la comunidad educativa a sufrir consecuencias laborales" y de ahí que anuncie que, a partir de esta próxima semana, cuando se celebrará la Comisión de Seguimiento del Pacto Educativo, seguirá "alerta" para "hacer cumplir" a Educación "todo lo que está acordado en el Pacto y para llevar a cabo una verdadera negociación".