La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Pamplona ha dejado en libertad a los cuatro encarcelados por la agresión sexual cometida en las inmediaciones de la carpa universitaria de Pamplona tras comprobar que las pruebas de ADN no coinciden con su perfil genético. En la resolución judicial, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, la magistrada explica que ha adoptado la decisión tras recibir el resultado de las pruebas de ADN remitidas por el laboratorio Nasertic, en el que "hay un perfil masculino que no coincide con ninguno de los investigados".
Los cuatro hombres estaban encarcelados desde el pasado 30 de octubre por su supuesta participación en una agresión sexual perpetrada días antes en las inmediaciones de la Carpa Universitaria celebrada en la capital navarra. Los acusados negaron los hechos, si bien seguirán investigados porque se encontró la ropa íntima, el teléfono móvil, la cartera y el bolso de la joven al lado del asentamiento en el que se encontraban.
La jueza ha impuesto a los imputados, de nacionalidad argelina, uno de ellos de 33 años, dos de 26 y el cuarto de 25, la obligación de comparecer en el juzgado cuantas veces fueran llamados, por lo que deberán fijar un domicilio y notificar los cambios del mismo. Dos de los imputados aseguraron haber visto a una pareja "manteniendo relaciones sexuales" en el lugar donde fue hallada la víctima. Las pesquisas policiales deben enfocarse ahora en encontrar a esa persona presunta autora de la agresión sexual.
La jueza relataba en el auto que la víctima fue encontrada en las inmediaciones de la Carpa "tirada en un camino, encima de unas hojas, desvalida, desubicada y semiincosciente". Fue atendida por unos jóvenes que paseaban por la zona y que avisaron al personal sanitario y a la policía. A la joven le faltaba la ropa interior y pertenencias personales (bolso, cartera y móvil).
La rápida actuación de agentes y sanitarios permitió activar el protocolo para las agresiones sexuales. La víctima fue reconocida por un médico forense, quien constató en su informe diversas lesiones. Sin perjuicio de los resultados de la instrucción, la jueza señalaba en la resolución judicial que existió "una relación sexual con la víctima no consentida". Además, añade la magistrada, dejaron a la mujer en condiciones físicas que pudieron "haber aumentado el riesgo" contra la salud de no haber sido asistida por los jóvenes en un primer momento.
A la espera de los análisis de ADN, a los que los investigados accedieron voluntariamente, la magistrada decretó el ingreso en prisión provisional porque "el riesgo de fuga y ocultación son muy graves", ya que, "a pesar del poco tiempo en España, uno de los investigados tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio y policiales de diversa naturaleza".
Uno de los cuatro detenidos tenía abierto un expediente de expulsión del país, que debía ser resuelto por la Brigada Provincial de Extranjería de Policía Nacional. A los tres restantes, se les abrió asimismo el proceso de expulsión. Los investigados, según la jueza, incurrieron en contradicciones en sus declaraciones. Los cuatro carecen de medios económicos y documentación, y sus tiendas de campaña fueron sido retiradas por contravenir las ordenanzas municipales.
La Fiscalía solicitó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los imputados, una petición a la que se sumó la abogada del Servicio de Atención a la Mujer (SAM). Las defensas, por su parte, pidieron la libertad provisional.
