a pregunta lleva semanas en el aire: ¿van a devolver las Administraciones públicas el dinero de las multas cobradas por sanciones que se impusieron durante el primer estado de alarma? La inconstitucionalidad de la medida excepcional que el Gobierno central adoptó con motivo de la covid-19 ha dejado la patata caliente a las Administraciones competentes sobre qué hacer con las multas relacionadas con las restricciones de movilidad que ya han sido pagadas por los ciudadanos y ciudadanas navarros. El Gobierno de Navarra, que ha tramitado las denuncias cursadas por la Policía Foral; la Delegación del Gobierno, que ha hecho lo propio con las multas que impusieron la Policía Nacional y la Guardia Civil; y los Ayuntamientos, competentes para tramitar las multas de sus Policías Locales, deben decidir qué van hacer con las miles de sanciones firmes ya cobradas. A priori, la voluntad política será determinante.

Y es que a pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional limitaba el alcance de la nulidad del estado de alarma a los procedimientos aún vivos, es decir, sin resolución firme, el Gobierno Vasco ya ha anunciado esta semana que devolverá el importe de las multas para no perjudicar a los ciudadanos que pagaron diligentemente las sanciones, frente a aquellos que no lo hicieron y plantearon recursos en las vías administrativa o judicial. El portavoz del gabinete de Urkullu aseguró que con esta “valiente decisión”, se pretende resolver una “injusticia”.

El Gobierno Vasco lo ha decidido así a pesar de que el Constitucional estableció que “no son susceptibles de ser revisados los procesos conclusos por sentencia con fuerza de cosa juzgada o las situaciones decididas por actuaciones administrativas firmes, tampoco la demás situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados”. Por el contrario, determinó que “sí es posible la revisión de los procesos penales o contencioso-administrativos referente a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción, o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad”, previsión que en Navarra también afecta a la vía de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra “por su carácter potestativo y previo a la vía contencioso-administrativa”.

Así las cosas, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, manifestó este miércoles que están analizando la cuestión, junto con la Delegación del Gobierno en Navarra y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con fin de dar una respuesta coordinada. En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez comentó que “estamos viendo cómo queda el escenario y actuar de manera coordinada y conjunta con la Delegación del Gobierno, que es quien asumió el liderazgo del estado de alarma, y que afecta también a las entidades locales y a las fuerzas policiales de las entidades locales”, además de confirmar que “hay contactos entre la FNMC, el Gobierno de Navarra y la Delegación”.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo foral están inmersos en la confección de un informe sobre esta cuestión, confirman fuentes del Departamento de Interior, mientras que fuentes de la Delegación del Gobierno de Navarra indican que hasta el momento han paralizado los expedientes que estaban pendientes de recursos o que aún no habían terminado de tramitarse, y que están a la espera de recibir una instrucción ministerial sobre la devolución de las multas ya abonadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha hecho lo propio con los expedientes no finalizados, que serían una mínima parte, ya que las propuestas de sanción tenían un año de plazo para su tramitación, y con aquellos que aún no tenían resolución sancionadora firme por ser objeto de recurso en vía administrativa o contencioso-administrativa. Los servicios jurídicos sí han confeccionado un informe en el que no aprecian base en la sentencia del Tribunal Constitucional para la devolución del importe de las sanciones.