La consejera del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mª Carmen Maeztu, ha participado esta mañana en el Congreso Internacional de Lares que se está celebrando desde ayer en Alicante, en el que ha destacado que la inversión social que el Gobierno de Navarra destina en materia de discapacidad, dependencia y enfermedad mental ha aumentado un 53% desde en los últimos ocho años, pasando de 139,1 millones invertidos en 2014 a 212,9 millones en 2022.

Maeztu ha participado en la segunda de las jornadas del Congreso Internacional de Lares, en una mesa redonda sobre 'Los cuidados: una mirada desde el territorio' junto a Isabel Franco, vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de Murcia, y Francesc Xavier Uceda, secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

La consejera ha comenzado su intervención agradeciendo "el enorme esfuerzo realizado por el personal de las residencias, que se ha dejado la piel y muchas veces la salud en atender a las personas más vulnerables en los momentos más críticos de la pandemia", para después subrayar que "en la actualidad, todos los debates en torno al envejecimiento de la población dan muestra de la existencia de un considerable temor a lo que se considera como un problema". "Sin embargo -ha añadido- el aumento de la esperanza de vida, si esta es, además, de calidad, es uno de nuestros mejores indicadores para medir el grado de desarrollo humano de una sociedad".

En esta línea, ha remarcado que "esto supone un desafío para nuestro Estado de bienestar, puesto que, durante las próximas tres décadas, se duplicará el número de personas dependientes". Así, ha puesto de manifiesto las medidas que el Gobierno de Navarra está realizando en esta materia, como la aprobación del Decreto Foral 92/2020 por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales, de día y ambulatorios del ámbito de los servicios sociales. "Este Decreto aporta elementos relevantes en cuanto a la forma en que atendemos a las personas, desde su reconocimiento como seres singulares y valiosos; en cuanto al tamaño y la configuración de los centros residenciales, con más habitaciones individuales; o la creación de una red de apoyo para compartir buenas prácticas y herramientas", entre otras novedades.

MÁS INVERSIÓN, MÁS FORMACIÓN Y MAYOR INTEGRACIÓN

Respecto a la inversión pública realizada, ha destacado la remodelación de los centros residenciales y la construcción de nuevos centros día, para lo que se ha destinado un presupuesto de 7 millones de euros, la creación de unidades de convivencia en residencias de mayores, la ampliación de plazas de centros de día públicas o las nuevas viviendas comunitarias para personas con discapacidad y enfermedad mental (con presupuesto de 12 millones) o el Proyecto Retos, con el que actualmente se buscan soluciones tecnológicas a las necesidades detectadas en los centros residenciales (1,7 millones).

Asimismo, ha subrayado la mejora de las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en servicios del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia), con el acuerdo marco firmado en 2019 de concertación de plazas públicas residenciales y servicios de promoción de la autonomía personal, el impulso a la formación de las y los profesionales o el Proyecto Forlan, del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, para la cualificación de personas en el sector de la dependencia.

"La crisis del COVID-19 nos ha mostrado, más si cabe, la necesidad que tenemos de contar con un modelo de atención sociosanitaria que dé una respuesta integral e integrada a las necesidades de las personas, evitando la fragmentación de la atención y la institucionalización, todo ello mediante un adecuado desarrollo de programas de atención domiciliaria integrada, adaptada y desarrollada conjuntamente por los equipos de Atención Primaria de Salud y los Servicios Sociales de Base", ha señalado la consejera. Por ello, ha dicho, se está trabajando en definir "un nuevo marco normativo, orgánico y económico que posibilite el avance y la consolidación" de este modelo de atención integral y centrada en la persona.

Por otro lado, también ha mencionado Maeztu las mejoras en los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas con dependencia, como la reducción de listas de espera, el impulso de la teleasistencia, el incremento de las prestaciones económicas o los proyectos de desinstitucionalización y de transformación de la atención domiciliaria, entre otras.

Por último, ha destacado la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable del Gobierno de Navarra, aprobada en 2017, que busca "aumentar la esperanza de vida libre de dependencia y adaptar los entornos para facilitar la independencia de las personas mayores, promoviendo su autonomía en la toma de decisiones y su participación como agente activo".

"Frente a los recortes del pasado, el Gobierno de España, a través del Plan de Choque de la Dependencia y de los Fondos Europeos, se está realmente corresponsabilizando en la inversión social para el sistema de la dependencia, más cuando la crisis de la COVID-19 y las previsiones del envejecimiento poblacional ponen de manifiesto un incremento sustancial de la demanda de cuidados y, por tanto, la necesidad de inversión pública", ha subrayado la consejera Maeztu, para concluir: "Este Plan de Choque, junto con la aprobación de la Ley en 2006, supone uno de los hitos más importantes del sistema de dependencia en nuestro país, el cual debemos lograr que se convierta en una oportunidad para proporcionar más y mejores cuidados a las personas mayores, dependientes y/o con discapacidad, a la par que generamos empleo y mejoramos la calidad del mismo".