París - El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, aprobó ayer viernes su polémica reforma de las pensiones con protestas en las calles de los sindicatos opuestos que, aunque no lograron movilizar tanto como al empezar el movimiento hace siete semanas, cuentan con un apoyo mayoritario de la opinión pública.

En esta séptima jornada de manifestaciones nacionales desde el 6 de diciembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) que encabeza el movimiento contabilizó 1,3 millones en los desfiles de todo el país y de 350.000 a 400.000 personas solamente en el principal en París, entre la plaza de la República y la de la Concordia. Unas cifras claramente infladas que ilustran la voluntad del líder de la movilización y número uno de la CGT, Philippe Martínez, de intentar presentar un aumento de la movilización en las calles, pero también de las huelgas.

En el transporte público, donde los paros se han mantenido de forma ininterrumpida durante 51 días pero con mucho menor impacto desde hace un par de semanas, se cancelaron el 30% de los trenes regionales y el 40% de los cercanías en París. Además, en el metro de la capital dos de las 14 líneas (las automáticas) funcionaron con normalidad, mientras que el resto estuvieron en servicio pero con menos trenes de los habituales y en algunos casos únicamente durante las horas punta. En otros sectores, el porcentaje de huelguistas fue del 4,42% en las diferentes administraciones públicas, frente al 2,51% del 16 de enero, el último día de manifestaciones, según el Ejecutivo, y del 13% en el colectivo de los profesores.

El Consejo de Ministros aprobó dos proyectos de ley para la reforma que empezarán a tramitarse en el Parlamento el 3 de febrero (el 17 en el pleno de la Asamblea Nacional) para su aprobación antes del verano. El eje cardinal es la convergencia de los 42 regímenes de pensiones actuales en un sistema universal por puntos en el que cada euro cotizado dará los mismos derechos en el momento de la jubilación, sin tener en cuanta ninguna situación específica de cada colectivo laboral, perjudicando a muchos de ellos. Aunque la edad mínima de jubilación seguirá siendo teóricamente de 62 años, se introduce la noción de “edad de equilibrio” que servirá para garantizar la llamada regla del equilibrio financiero encaminada a perjudicar a los que se jubilen a esa edad y a favorecer a los que se jubilen lo más tarde posible. En la práctica, los que se jubilen antes de llegar a esa “edad de equilibrio” -que variará en función de la esperanza de vida- tendrán una penalización, y una bonificación los que se mantengan más tiempo en actividad.

Macron, por boca de la portavoz del Ejecutivo, Sibeth Ndiaye, no se privó de lanzar dardos en dirección de los sindicatos que se le oponen al denunciar “los actos de violencia y de radicalidad de ciertos bloqueos” en los últimos días, conforme las huelgas perdían fuelle.

sistema de puntos La semana próxima se abre el día 30 una conferencia sobre la financiación en la que sindicatos y patronal buscarán una fórmula para reducir alrededor de 12.000 millones de euros de déficit que se calcula tendrá el sistema actualmente en vigor en 2027 cuando se ponga en marcha el sistema por puntos.

Pero la CGT y las otras centrales que piden la retirada del proyecto, que no es seguro que participen, ya han anunciado para la víspera otra jornada de movilización en las calles, a la que se podrían añadir dos más el 30 y el 31. “Lo único que hemos entendido de este proyecto es que vamos a tener que trabajar más”, se quejó Martínez, que sabe que su principal activo, más allá de una capacidad de movilización que va a la baja, es la opinión pública.

Según una encuesta del instituto demoscópico BVA publicada este viernes, el 70% de los franceses está a favor de que el movimiento de protesta continúe. Además, el 61% estima que Macron debería tener en cuenta esa oposición y retirar su proyecto, de acuerdo con otra encuesta de Elabe. Son cuatro puntos porcentuales más que hace un mes.

Para la portavoz del Gobierno, Sibeth Ndiaye, esas cifras suponen “una cierta exasperación” y también una “falta de comprensión” de la reforma, que necesita mayor explicación. Los dos proyectos de ley pretenden instaurar un sistema universal de pensiones por puntos que unificaría los 42 regímenes existentes actualmente y que se empezaría a aplicar progresivamente a los nacidos a partir de 1975 (a las generaciones de 1980 o 1985 en ciertos regímenes especiales como los ferroviarios). Ndiaye insistió en que el valor del punto no solo no bajará, sino que estará indexado sobre los salarios, que aumentan más rápido que la inflación.

El día 30 se abrirá una conferencia de financiación en la que sindicatos y patronal buscarán una fórmula para reducir alrededor de 12.000 millones de euros de déficit que se calcula tendrá el sistema actualmente en vigor en 2027 cuando se ponga en marcha el sistema por puntos. Pero la CGT y las otras centrales que piden la retirada del proyecto, que no es seguro que participen, ya han anunciado para la víspera otra jornada de movilización en las calles, a la que se podrían añadir dos más el 30 y el 31. - Efe