Pamplona - El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona aprecia indicios de un delito fiscal por la supuesta defraudación a la Hacienda Foral en 2013 de 257.954,83 euros por parte de Osasuna, como persona jurídica, y siete directivos del club en la época investigada.

En el auto, publicado ayer por el departamento de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y que puede ser recurrido, el magistrado emplaza al fiscal y a la acusación particular, ejercida por la Hacienda Tributaria de Navarra, que fue quien interpuso la querella, para que en el plazo de diez días formulen su escrito de acusación.

De la investigación llevada a cabo, según recoge la resolución judicial, resulta “indiciariamente acreditado” que, respecto al IRPF, la Hacienda Foral dejó de ingresar un total de 257.954,83 euros.

De esa cantidad, 137.957,85 euros corresponderían a importes satisfechos a empleados no declarados; 20.871,63, a retribuciones en especie sin efectuar ingreso a cuenta; 12.891,57, a cantidades abonadas a jugadores del filial no declaradas; 54.600, a utilización de sociedades pantalla; y los otros 31.633,78, a rentas declaradas indebidamente exentas por dietas.

El juez asegura en el mismo auto que tanto la querella presentada como el informe pericial obrante en el sumario, que han sido ratificados en presencia judicial, detallan “a todos los conceptos objeto de defraudación y la labor desempeñada por las personas físicas que tenían un papel relevante en la gestión del club con conocimiento tanto de la forma de pago a los empleados como de la relevancia fiscal de las actividades de la entidad”.

Además de Osasuna, como persona jurídica, en las diligencias están imputados el entonces presidente del club, Miguel Archanco; el gerente, Ángel Luis Vizcay; y los directivos Juan Antonio Pascual, José Manuel Purroy, Sancho Bandrés, Manuel Ganuza y Jesús Peralta. De esta forma, todos ellos se tendrán que sentar en el banquillo para responder de las acusaciones que existen contra ellos, ya que el juez instructor del caso, una pieza separada de la trama principal de fraude fiscal, ha apreciado indicios de acciones delictivas por parte de los imputados. - Efe