Caja Navarra, Banca Cívica y campaña electoral

1 En los últimos meses, y con mayor frecuencia desde el inicio de la campaña electoral, se han venido realizando diversas manifestaciones acerca de Caja Navarra y de Banca Cívica, que quienes suscribimos este artículo no podemos, en nuestra condición de miembros de sus órganos de gobierno, dejar sin respuesta, pues afectan negativamente a la principal entidad financiera de nuestra Comunidad y perjudican, por tanto, los intereses de sus más de 600.000 clientes y de los profesionales que integran su plantilla.

La primera cuestión que debemos precisar es que las decisiones adoptadas en los últimos meses en Caja Navarra y en Banca Cívica son imputables, única y exclusivamente, a sus ejecutivos y a sus órganos de gobierno y no a los políticos que forman parte de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra.

Dicha Junta es un órgano meramente consultivo y, por tanto, la exigencia de responsabilidades a los miembros de la misma por decisiones adoptadas por los ejecutivos o por los órganos de gobierno de Caja Navarra es totalmente improcedente.

En lo que respecta a las decisiones adoptadas en Banca Cívica, la improcedencia de esa exigencia de responsabilidades a los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra es todavía mayor, ya que dicha Junta no forma parte de la estructura orgánica de Banca Cívica.

2. Es cierto que, desde su constitución, Caja Navarra ha sido un elemento importantísimo para el progreso económico y social de Navarra; que ha sido gestionada con prudencia y sensatez; que ha captado gran parte del ahorro de los navarros; que ha otorgado crédito a las familias y a las empresas; y que parte de sus beneficios han financiado la Obra Social.

Pero no es menos cierto que ha sido en los últimos años cuando Caja Navarra ha contribuido más al progreso económico y social de nuestra Comunidad.

Y es que cualquier conocedor de la historia del sistema financiero español sabe que, hasta el 31 de diciembre de 1992, todas las Cajas de Ahorros, y entre ellas las entonces existentes en Navarra, debían, en cumplimiento del coeficiente de inversión obligatoria, invertir una parte de sus recursos en los activos que señalaba el Ministerio de Economía y Hacienda, por lo que, durante décadas, los ahorros de los navarros financiaron inversiones que se materializaban fuera de nuestra Comunidad.

Hasta la expresada fecha, la contribución de las Cajas de Ahorros entonces existentes en Navarra al progreso económico y social de nuestra Comunidad se vio pues necesariamente limitada por la existencia del mencionado coeficiente de inversión obligatoria.

A partir de la supresión de ese coeficiente, dicha contribución fue en aumento; pero ha sido en estos últimos años cuando Caja Navarra ha alcanzado sus cuotas más altas tanto en la captación de ahorro, como en la concesión de créditos a familias y a las empresas, en la generación de beneficios o en la dotación a la Obra Social.

Así lo acredita el siguiente cuadro que contiene datos de los ejercicios 1982, 1992, 2002 y 2009 (el último aprobado), si bien hay que precisar que los datos de los ejercicios 1982 y 1992 no incluyen, por ser anteriores a la fusión, los de la extinta Caja Municipal de Pamplona.

Y ha sido también en los últimos años cuando Caja Navarra ha trasladado a los clientes las decisiones relativas a la Obra Social y ha declarado incompatible la pertenencia a sus órganos de gobierno con el desempeño de cargos público-políticos.

3. La integración de Caja Navarra en Banca Cívica no merma su capacidad de decidir sobre su futuro ya que, como es público y notorio, Banca Cívica se constituyó en torno al modelo de negocio diseñado por Caja Navarra; y, en virtud de lo estipulado en el contrato de integración y en los pactos complementarios suscritos por Caja Navarra con las demás cajas asociadas, ninguna decisión relevante puede adoptarse en Banca Cívica contra la voluntad de Caja Navarra.

4. La aportación de casi mil millones de euros que ha realizado el FROB a Banca Cívica tiene carácter coyuntural y en modo alguno condiciona su futuro.

De hecho, cuando Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos se integraron en Banca Cívica, no consideraron necesario solicitar al FROB aportación alguna; y soportaron con cargo a sus recursos propios los ajustes derivados de dicha integración.

La apelación al FROB se consideró, sin embargo, necesaria para la integración en Banca Cívica de Cajasol, habida cuenta del elevado volumen de activos que ésta aportó (aproximadamente, el 70% de los activos totales de las otras tres Cajas integradas en Banca Cívica).

Pero, pese a ello, a raíz de la integración de Cajasol, el valor contable de la participación de Caja Navarra en Banca Cívica se incrementó, según un auditor externo, en 83 millones de euros.

5. No es cierto tampoco que la decisión de Banca Cívica de ampliar su capital en el mercado mediante una oferta pública de suscripción de acciones implique un serio riesgo de que Caja Navarra-Banca Cívica se malvenda a precio de liquidación.

La salida a bolsa de Banca Cívica no puede desvincularse de la nueva regulación introducida en el sistema financiero por el Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero.

Con carácter general, esa nueva regulación exige a las entidades financieras un capital principal igual o superior al 8% de los activos ponderados por riesgo. Pero, para las entidades financieras que, como Banca Cívica, superan el 20% de financiación mayorista y no han colocado entre terceros al menos un 20% de su capital, dicho porcentaje del 8% se eleva al 10%.

A pesar de las importantes provisiones que ha realizado (que superan los mil setecientos millones de euros y hacen de su tasa de cobertura de la morosidad la más alta del sector), el capital principal de Banca Cívica se sitúa actualmente en el 8,1% (el mismo porcentaje, dicho sea de paso, que el del principal banco español).

Para cumplir con esa nueva exigencia regulatoria, Banca Cívica ha decidido, como opción prioritaria, ampliar su capital en el mercado bursátil en aproximadamente mil millones de euros, mediante una oferta pública de suscripción de acciones; pero no ha renunciado a ninguno de los otros instrumentos de capitalización que contempla el citado Real Decreto Ley.

Banca Cívica no está, pues, en almoneda, por lo que no puede ser objeto ni de una buena ni de una mala venta. Lo que se proyecta es, pura y simplemente, la colocación en el mercado de una parte minoritaria de su capital social.

Sería, no obstante, de agradecer que quienes creen que esta decisión conlleva el riesgo de que Banca Cívica se malvenda, dijeran dónde sitúan, en las actuales circunstancias del mercado, el límite entre una buena y una mala colocación de ese porcentaje minoritario del capital social de Banca Cívica.

6. Es también rotundamente falso que Caja Navarra se vaya a convertir en una fundación propietaria de las acciones correspondientes a su participación en Banca Cívica.

Según establece el artículo 2º de sus estatutos, Caja Navarra es una entidad fundacional; y por tanto, la afirmación de que Caja Navarra "se va a convertir" en una fundación no tiene el más mínimo sentido, puesto que Caja Navarra es ya una fundación.

Lo que quizá pretenden quienes alertan sobre esa supuesta conversión es manifestar su oposición a que Caja Navarra pierda su condición de entidad financiera y se transforme en una "fundación de carácter especial" de las contempladas en el Real Decreto Ley 11/2010.

Si así fuera, tal oposición sería infundada porque, para que esa transformación se produjera, sería necesario que la participación en el capital social de Banca Cívica de las cuatro cajas en ella integradas fuera inferior al 50%; y esta circunstancia no se contempla en el contrato de integración, en el que las cajas asociadas se obligan a mantener en Banca Cívica una participación de, al menos, el 60% del capital social.

7. Expresamos, por último, nuestro rechazo a la utilización electoralista de Caja Navarra y de Banca Cívica; y, más aún, cuando esa utilización se basa en manifestaciones falsas o inexactas o en acusaciones sin fundamento.